El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza la posibilidad de retirar a su país del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA), el acuerdo comercial que sustituyó al Nafta y que él mismo impulsó y firmó durante su primer mandato.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses que citan fuentes cercanas a la Casa Blanca, el mandatario habría solicitado a su equipo económico argumentos formales para evaluar por qué no debería abandonar el pacto. El planteamiento, más que un gesto retórico, introduce un factor de presión directa en la revisión obligatoria del tratado, prevista antes del 1 de julio.
El mecanismo de “revisión sexenal”, diseñado originalmente como un trámite técnico para extender la vigencia del acuerdo, se perfila ahora como una negociación compleja y políticamente cargada. Si los tres socios logran consenso para renovarlo, el T-MEC se mantendría en vigor por 16 años adicionales. En caso contrario, se activarían evaluaciones anuales durante la próxima década, hasta su expiración definitiva en 2036.
El tratado contempla una cláusula de salida unilateral: cualquiera de los miembros puede denunciarlo con seis meses de preaviso. El solo hecho de que Washington considere esta opción introduce incertidumbre en un esquema que regula intercambios superiores a 1.5 billones de dólares anuales entre las tres economías.
En vigor desde julio de 2020, el T-MEC establece reglas específicas en sectores estratégicos como el automotriz —con estrictos requisitos de contenido regional—, propiedad intelectual, comercio digital, energía y mecanismos de solución de controversias. Su arquitectura respondió a la narrativa de Trump de “corregir” el Nafta, vigente desde 1994, al que responsabilizó por la deslocalización de empleos manufactureros en Estados Unidos.
La versión renegociada fue presentada entonces como un instrumento modernizado que elevaba estándares laborales y fortalecía la producción regional. Sin embargo, la actual reconsideración del acuerdo revela que el componente político del tratado nunca quedó plenamente estabilizado.
Una eventual retirada estadounidense tendría implicaciones estructurales. Las cadenas de suministro norteamericanas —particularmente en la industria automotriz, la agroindustria y el sector energético— operan bajo un modelo de integración profunda que depende de certidumbre arancelaria y reglas claras de origen. La salida de Washington abriría la puerta a la reimposición de aranceles bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con efectos directos en costos, inversión y competitividad regional.
El replanteamiento ocurre en un contexto de renovadas fricciones comerciales y en plena dinámica electoral, donde Trump ha reiterado su inclinación por políticas de corte proteccionista. En meses recientes se han intensificado las diferencias entre Washington, Ottawa y Ciudad de México.
Con Canadá, la Casa Blanca ha cuestionado políticas industriales y esquemas de subsidios que considera distorsivos. Con México, las tensiones se concentran en la interpretación de reglas de origen en el sector automotor, la política energética que prioriza a empresas estatales y disputas agrícolas que ya han derivado en consultas formales dentro del propio mecanismo del T-MEC.
Estas controversias han elevado el tono de las negociaciones y transformado una revisión técnica en un pulso político de alto riesgo. Más que un simple debate comercial, la eventual salida de Estados Unidos pondría a prueba el modelo de integración que durante tres décadas articuló la competitividad de América del Norte.
