Especialistas discutieron en el parlamento abierto que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados sobre las implicaciones que tendría la iniciativa de reforma eléctrica en el medio ambiente.
Para Jesús Carrillo, director de economía sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la iniciativa podría provocar un incremento de entre el 26 y el 65 por ciento en las emisiones de dióxido de carbono al año, ya que se propone cambiar el despacho de mérito económico actual por uno que favorezca a Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La iniciativa carece de una visión de Estado y es incompatible con el desarrollo sostenible de México. También carece de una visión de futuro, se sigue mirando al pasado, se insiste en la nacionalización de 1960, pero ya estamos en 2022, viviendo una emergencia climática que no se va a ir a ningún lado”, denunció.
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Agregó que la iniciativa se concentra en la CFE, pero la dependencia no es el Estado mexicano.
“Al eliminar el despacho por mérito económico y los contratos que surgieron de las subastas de largo plazo para otorgarle el control del sector a CFE, los costos de la generación eléctrica se van a incrementar”, advirtió.
Durante su participación, consideró que cualquier iniciativa de reforma debería buscar cumplir con el trilema energético, donde haya un balance entre seguridad energética (capacidad de abastecer la demanda de manera confiable), equidad energética (la habilidad de proveer acceso universal de energía a precios asequibles para la población y consumo comercial) y sustentabilidad ambiental.
Cumplimiento de Acuerdo de París, en peligro
Asimismo, Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo fundador de la iniciativa climática de México, prevé que la iniciativa continuará frenando la transición energética en la que ya se encuentra el resto del mundo, debido a que impide la escala necesaria de las energías renovables.
“La iniciativa convertirá a nuestro país en el primero del G-20 que no cumpla con sus compromisos ante el Acuerdo de París”, indicó.
En contraste, Horacio Sánchez, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), consideró que la iniciativa presidencial traza caminos para adaptarse a las nuevas condiciones que impone el cambio climático.
“A través de la transición energética se puede evolucionar a procesos productivos que causen menores emisiones de gases de efecto invernadero, y que al mismo tiempo, se puedan lograr mayores niveles de bienestar para toda la sociedad mexicana”, dijo.
Consideró que la reforma es una respuesta realista e impostergable, ya que en pleno siglo XXI, miles de mexicanos carecen de servicio eléctrico, “en 2018 la electricidad llegaba solo al 98.75 por ciento de la población”, apuntó.
En tanto, Sandra Bucio, encargada de la subgerencia de análisis económico y demanda de CFE, subrayó que la CFE si se encuentra pensando en la transición energética, pero por la realidad tecnológica, económica, tendrá que ser una transición gradual.
