“¡Púrate comadre, que no vamos a alcanzar dispensas!”, puede ser una frase que en estos días se esté repitiendo mucho entre personas indígenas, analfabetas y con extrema pobreza en pueblos marginados y zonas proletarias de Veracruz donde el DIF estatal y la SEDESOL de Guillermo Fernández no acuden con sus programas asistenciales.
Y si por suerte llegaron o llegan esas raquíticas bolsitas oficiales con cinco o seis artículos, su impacto no se compara con las enormes cajas de productos de primera necesidad que en las últimas semanas están repartiendo diversos cárteles en Veracruz, como ya constataron los periodistas de Proceso y El Universal.
Triste realidad en un estado considerado como la quinta economía nacional, que se ubica entre los primeros lugares de producción agropecuaria como carne, leche, café, azúcar, cítricos, etc. Pero más triste, porque muchas familias de estas personas vulnerables que recogen apoyos de grupos delincuenciales reciben también pensiones, becas y subsidios del gobierno federal, y en muchos casos, hasta de hijos o familiares migrantes en Estados Unidos. Por desgracia, un alto porcentaje de población que subsiste gracias a las dádivas, la solidaridad y la caridad. Gente sin acceso a un empleo remunerado.
Veracruz es un estado que no ve la suya en este siglo. Malos gobiernos, a los que se suma el desgobierno de Cuitláhuac García, el cual falla en la seguridad, en la salud, en la construcción de infraestructura, en la promoción del empleo y en muchas otras áreas sensibles. Todo un desbarajuste.
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Un tema que le va a explotar gravemente, como otros que están a punto -como la inseguridad- es el del incremento de muertes por la epidemia de Covid-19. Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos y Poza Rica, junto a los más de cien municipios afectados, viven momentos funestos y dramáticos con escaso apoyo gubernamental. Este, que es un asunto complicado en exceso, se encuentra en manos de Roberto Ramos Alor, un médico incompetente e insensible, cuya fuerza política parece venirle de una amistad con la secretaria Rocío Nahle, a quien Cuitláhuac no le cuenta las innumerables pifias de su recomendado.
Es tan crítica la posición del gobernante veracruzano, tan cuestionado junto con sus colaboradores, que la semana pasada, de manera vergonzosa modificaron las leyes para tratar de arreglar el problema de la revocación de mandato, al que el ejecutivo del estado le rehúye obviamente, porque sabe el resultado fatal que le daría este tipo de consulta popular.
Con las despensas entregadas por miles y publicitadas con videos por los grupos delincuenciales, podemos decir que Veracruz vive oscuros tiempos de despensas y de dispensas.
De dispensas, porque, pareciera que el pueblo veracruzano ya dio dispensa para que cualquier incompetente sin preparación ni trayectoria, pueda ocupar los cargos públicos, sin que se le exija compromiso, responsabilidad o resultados. Veracruz ya dispensó a Cuitláhuac y a sus secretarios de seguridad pública, de salud, de desarrollo económico, de turismo, de medio ambiente, de desarrollo social y de contraloría, cuya acción no se observa por ningún lado, salvo las copiadas expresiones de culpar a los pasados, antepasados y a todas las circunstancias habidas y por haber.
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Ya se verá si, como apuestan algunos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, da signos de autonomía ante el poder autoritario del mandatario nacional, y procede a nulificar las reformas legales aprobadas en el congreso local durante una desenfrenada fiesta de malos representantes populares.
Por lo pronto, la entidad tendrá que aguantar la incompetencia de los cuitlahuistas y seguirá aumentando sus contagios por coronavirus y sus lamentables pérdidas humanas y económicas, como el resto del país.
