El sábado anterior se cumplieron dos meses de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde murieron 26 personas y sufrieron heridas 82 más a causa del accidente. La noche del 3 de mayo pasado cuando los trabajadores salían de sus empleos, dos vagones llenos de pasajeros cayeron desde lo alto, ocasionando la pérdida de vidas humanas y daños millonarios.
El presidente de la república se comprometió a que habría castigo para los responsables, situación que a 60 días de distancia no ha sucedido, provocando el disgusto y la decepción respecto a las autoridades en toda la zona metropolitana.
Con la finalidad de disminuir la inconformidad de las familias afectadas y de la sociedad mexicana, las autoridades capitalinas autorizaron el pago de un millón de pesos más al importe de indemnización que habían anunciado inicialmente (equivalente a 44 mil dólares de la póliza del seguro y 2 mil 500 dólares más del gobierno de la Ciudad de México, como apoyo alimenticio). En este momento se ha divulgado que, con la nueva cifra, el monto de indemnización ya es de 1.92 millones de pesos por cada uno de los fallecidos. Y se sabe que también los heridos han recibido diversas indemnizaciones.
Lo que sí se conoció en días previos fue el informe realizado por la empresa noruega DNV que incluye el descubrimiento de 6 deficiencias que contribuyeron al accidente, entre ellas el hecho de que encontraron fallas estructurales, deficiencias en los materiales de construcción, incluida la soldadura de los pernos Nelson y su fijación en las vigas, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe, así como la deformación de los soportes en la parte de la línea que colapsó.
La semana anterior Florencia Serranía fue destituida de la dirección del Metro, coincidiendo con las reuniones de Carlos Slim en palacio nacional. López Obrador dio a conocer que como dueño de la constructora, Slim se haría cargo de la reconstrucción de los tramos dañados y que fueron objeto del peritaje de la empresa noruega y también del estudio realizado por el Colegio de Ingenieros, el que publicó un análisis según el cual un tercio del tramo elevado de la línea tiene grietas o separación insuficiente entre vigas.
Pero el fondo del problema no se atiende. No existe ningún proceso judicial en contra de la directora del Metro, como tampoco se conoce acción legal alguna contra los funcionarios responsables de la construcción y supervisión en la época de Marcelo Ebrard. Tampoco la hay contra la empresa o empresas que edificaron la ya célebre Línea 12 del Metro.
Pareciera que AMLO ha preferido hacer conveniente mutis sobre el tema legal, mientras la 4T hace fiesta en el Auditorio Nacional para destapar a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la república y Ebrard viaja a Europa a rescatar piezas prehispánicas para el acervo cultural de la nación.
Difícil caso porque todos los involucrados juegan en el mismo equipo.
