José Antonio Flores Vargas
El antiguo debate sobre el aborto se ha vuelto a abrir. Es una discusión que lleva décadas produciéndose casi en los mismos términos en diferentes lugares del mundo. Toda manifestación encuentra argumentos que suelen adecuarse a las realidades sociales de cada país. Hasta el momento, los grupos antiabortistas se agrupan en torno a la Iglesia Católica y a sectores conservadores, que están muy activos a nivel mundial.
El conservadurismo político ha permitido que el debate del aborto gire, casi en su totalidad, alrededor de lo que llaman derecho a la vida. Lo que están consiguiendo es que la discusión de la suspensión del embarazo, sea vista siempre como un debate moral, enmascarando que se trata de un debate político e ideológico.
En cualquiera de los casos, los grupos a favor del derecho a la vida y los legisladores veracruzanos, han esquivado la discusión del derecho humano a la libertad, como valor jurídico, ignorando la determinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tal es el ejemplo de Perú, que tuvo que compensar a una mujer por negarle el acceso a un aborto médicamente indicado. En 2001, una joven de 17 años fue diagnosticada por tener un embarazo en el que el feto tenía anencefalia, una anomalía en el tubo neuronal, de 14 semanas de gestación. Algo letal. Aunque el aborto en esas circunstancias es legal en Perú, el director del hospital rechazó la petición de aborto y ella fue forzada a llegar a término del embarazo y dar a luz a un feto que sobrevivió sólo cuatro días.
Los abogados del Comité de Derechos Humanos de la ONU, con base en Génova, concluyeron en 2005, que el país andino “había violado severamente artículos del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos”, adoptado en Nueva York, EUA, el 16 de diciembre de 1966. Además, ordenó una compensación a favor de la afectada, quince años después del hecho, con el argumento de que recibió “un trato cruel, inhumano y degradado”.
Este es el primer asunto registrado, en donde el Comité de las Naciones Unidas, ha considerado responsable a un país por no garantizar el acceso al aborto legal y seguro. Pese a que las condiciones de aborto fueron médicas, el caso representa un precedente legal para la libre elección del aborto.
La existencia de elementos jurídicos, no es lo más importante, ni mucho menos elemental, para los diputados de Veracruz. México como país miembro de la ONU, se adhirió formalmente al Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, hace poco más de treinta y cinco años (24.03.1981), entonces no debería discutirse un asunto que legalmente está estipulado. Veracruz forma parte de la Federación y no puede irse por la libre.
El andamiaje político sobre el tema, es un distractor en tiempos previos a una elección, por ello en la misma semana escuchamos cuestiones de aborto y pederastia. Ante casos similares, el maestrín decía “Nada tan peligroso en un político como que su terquedad tenga por aliada la torpeza”.
