José Antonio Flores Vargas
Con cierta periodicidad, las instituciones nacionales y estatales que tienen que ver con el agua, dan a conocer la situación de ese elemento líquido en los estados de la república, reiterando que la tercera parte del agua de todo el país, pasa por las cuencas hidrológicas del estado de Veracruz.
El campo y los habitantes de esta entidad federativa siempre han contado con agua suficiente, gracias a la generosidad de la naturaleza. Pero también han debido sufrir tragedias y calamidades durante las temporadas de ciclones y huracanes, debido a las fuertes avenidas conducidas por sus siete cuencas hidrológicas.
Historias de vida y muerte, de crecimiento y destrucción, se han vivido en las márgenes de los ríos Pánuco, Tuxpan, Nautla, La Antigua, Jamapa, Papaloapan y Coatzacoalcos.
Año tras año, la temporada de lluvias arrastra lodos y turbiedades desde las partes altas hacia las bajas, dejando a orillas de los cauces, piedras y fragmentos de suelo, que contienen ricas substancias minerales que impulsan el verdor y la producción del campo.
Pero si hablamos del agua para el servicio público, el manejo de los organismos operadores del líquido, está dejando ver una serie de irregularidades en varios lugares.
En el municipio de Xalapa, se cuestiona el alto porcentaje de recursos que se utilizan para el pago del personal, superior a muchos otros sistemas municipales de agua. Se critica el uso patrimonialista que Américo Zúñiga y los directores del CMAS han dado a la institución, con el fin de colocar funcionarios desconocedores del tema, así como de operar como caja chica para campañas políticas. De igual forma, se ha denunciado el hecho de beneficiar a personas influyentes para que paguen consumos de agua a costos menores que los legalmente establecidos.
Seguramente para quitarse presión, el alcalde de Xalapa, anunció ayer la remoción de Carlos Hernández, como titular de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, señalando que para suplirlo, ahora sí buscarán a un funcionario que tenga experiencia en el cargo y que pueda poner orden en la institución.
En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, durante varios años se han denunciado hasta el cansancio, las ventas ilegales de agua a granel a los buques mercantes, por debajo de sus costos reales, en perjuicio de las finanzas del organismo. Esto, por no hablar del problema principal, la concesión al Grupo MAS, del sistema de agua que manejaba el antiguo SAS. El alcalde Ramón Poo Gil, ha aplicado un pésimo y oscuro manejo empresarial, en detrimento de los intereses de la sociedad porteña y del personal sindicalizado que operaba el servicio del agua.
Pero donde el problema es altamente complejo, es en la Comisión de Agua del Estado, en donde los directores que han desfilado por ella, han utilizado a la institución como proveedora de fondos para épocas electorales, o como pago por “servicios políticos” prestados al régimen de gobierno estatal.
Esta instancia, una de las más cuestionadas en el gobierno de Javier Duarte, debiera ser objeto de una revisión exhaustiva a sus cuentas y a sus exiguos resultados, reflejados en las escasas obras realizadas en los años recientes.
Se sabe de cuantiosos recursos federales a cargo de esa institución –dicen que fluctúan entre 250 y 500 millones de pesos-, que fueron transferidos indebidamente en calidad de préstamo a la SEFIPLAN, de donde hasta ahora no han sido devueltos, afectando numerosas obras en proceso de construcción que han debido detenerse.
Esto demuestra que el agua que operan estos organismos públicos, también ha servido para proporcionar caudales en metálico a malos funcionarios que aplican aquella máxima de “lo del agua, al agua”.
