La sociedad mexicana observa la movilización que estos días están realizando más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para oponerse a la liquidación de una serie de fideicomisos constituidos en ese poder, que los legisladores oficialistas de la Cámara de Diputados pretenden concretar el 24 de octubre, una vez que el Senado lo apruebe.
De lograrlo, el gobierno de López Obrador estaría en condiciones de apoderarse de 15 mil 434 millones de pesos de esos fideicomisos, con el falso argumento de que dichos recursos son utilizados por la élite de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en lugar de ello deberían destinarse a programas sociales y obras públicas.
Pero conseguirlo no va a ser fácil, los sindicatos de trabajadores de la máxima instancia de justicia del país han convocado a manifestaciones y marchas a nivel nacional, como ocurrió el día de ayer en 20 representativas ciudades de la república mexicana.
El sindicato afectado afirma que los fideicomisos que quieren eliminar se utilizan para el pago de derechos laborales como la seguridad social, vivienda, pensiones, cobertura de salud y retiro. Alertan que vendrán miles de amparos y serios problemas a la próxima gestión de gobierno.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha presentado una fuerte crítica a esa medida, señalando que intenta el debilitamiento de la división de poderes. También acusa que esos recursos están destinados a la seguridad social de los trabajadores y a diversas prestaciones y que por ello exhorta a los senadores a echar abajo esa propuesta de los parlamentarios de Morena y sus adheridos.
Esto recuerda el caso de Veracruz, donde por decisiones equivocadas e irregulares de malos gobernadores, se lesionó a trabajadores del magisterio en el tema de la seguridad social, casos aún no resueltos a satisfacción en perjuicio de grupos sindicales y miles de empleados estatales.
Justamente esa es la razón de fondo por la que se estima que la artimaña de este gobierno no tiene futuro alguno, si bien es cierto que Claudia Sheinbaum continúa promoviendo como campaña política la necesidad de tener mayoría legislativa con propósitos de “asegurar o mantener los beneficios sociales de la cuarta transformación”.
El día de mañana se dilucidará este asunto. Ya se verá si la cámara de senadores respalda a la de diputados en perjuicio del PJF, o si decide sacar la cara por los trabajadores y por la división de poderes que consagra la Constitución Mexicana.
El discurso autoritario de AMLO insiste machaconamente en que se deben “recortar los privilegios de la Primera Sala y que los ministros dejen de vivir como magnates”.
Lo que sí alcanza a distinguir la gente pensante, es que el año siguiente reúne dos situaciones preocupantes: la primera es que se llegó el “Año de Hidalgo” del gobierno obradorista, y la segunda, es que el 2 de junio próximo se realizará la mayor elección de la historia de México, que por supuesto requerirá mucho dinero para asegurar los triunfos morenistas y principalmente asegurar la continuidad con la delfín presidencial, la señora Claudia Sheinbaum.
