Las estadísticas oficiales nos dicen que en México conviven dos paisajes naturales, dos economías y dos formas de ver la vida. Dos naciones que integran una misma patria, diferenciadas por el progreso, los servicios de educación y salud y el nivel de ingreso salarial de sus mayorías.

Esta realidad no ha podido ser corregida en muchas décadas, ni siquiera durante los años de bonanza que produjo la riqueza petrolera. A diferencia de lo que ocurre en el centro y norte del país, salvo los estados de Quintana Roo y Yucatán, en el resto de las entidades federativas del sur-sureste existen altos índices de marginación y rezago social. La mayor parte de la población nacional en pobreza extrema se encuentra en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Puebla, donde también se suscitan un elevado número de hechos criminales y deficiencias en la procuración de justicia.

Por esas razones, puede afirmarse que es razonable el diagnóstico elaborado por el equipo del presidente electo, dibujado en el Proyecto de Nación 2018-2024 que ha presentado.

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En ese documento se desvelan dos grandes políticas públicas. La primera, la necesidad de redistribuir el presupuesto federal y las posibilidades de desarrollo económico en el sur. La segunda, es la de dar énfasis al combate a la pobreza mediante dos estrategias básicas: incrementar el turismo generador de divisas y generar un fuerte desarrollo productivo.

Y esa visión de desarrollo para los próximos años se empieza a verificar en estos momentos, a cuatro meses de que inicie formalmente el gobierno morenista.

López Obrador ha comenzado a generar las condiciones para hacer efectiva la propuesta de descentralización de dependencias del gobierno hacia las ciudades de esa región. Los trabajadores, las autoridades y los habitantes implicados en esos movimientos, han iniciado la revisión de las propuestas, con el consiguiente nerviosismo por el cambio.

En esa dirección debe verse la novedosa presentación del proyecto del Tren Maya que será un detonador de inversiones turísticas en el tramo de 900 kilómetros entre Cancún, Quintana Roo y Palenque en Chiapas.

Otro indicio más, es el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y uno adicional, la creación de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y por último, el programa anunciado el fin de semana por el propio López Obrador, consistente en la siembra y producción de árboles para la comercialización de fruta y para la actividad forestal, para crear 400 mil empleos para campesinos.

Esto significa que, a diferencia de los sexenios previos, el combate a la pobreza de la siguiente administración no estará sustentado solamente en las interminables becas o subsidios a los pobres, vía SEDESOL (próximamente Secretaría del Bienestar).

El virtual presidente entiende que la lucha contra la pobreza se hace mejor cuando existe una verdadera redistribución de las inversiones públicas y privadas. El cambio económico de las familias se consigue generando posibilidades de empleo bien remunerado, más que a través de dádivas gubernamentales.

El esfuerzo productivo en el sureste de México será el intento principal para cambiar el panorama actual de pobreza, forjado por el centralismo y el olvido institucional.

Falta conocer las iniciativas para mejorar la educación, la salud y la seguridad pública, y para afrontar al crimen organizado tan presente en esos lugares. También aquellas medidas para erradicar la impunidad y para una mejor procuración y administración de justicia.

Son planes que indican transformación y mejoramiento de las condiciones de vida de millones de personas que guardan una esperanza.

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