Desde el 27 julio del año pasado este medio de comunicación se ha pronunciado porque se privilegie el respeto a la propiedad privada y a los usos ambientales del territorio, a raíz de una invasión de terrenos boscosos del municipio de Coatepec ocurrida meses antes en la zona conocida como Jinicuil Manso en la congregación de Tapachapan.
A pesar de la fuerte insistencia de los particulares afectados, extrañamente el asunto no ha sido resuelto y existe temor de que por motivos electorales y contraviniendo las leyes, las autoridades gubernamentales den la razón a los invasores.
El día de ayer aumentó la inquietud de propietarios y ambientalistas luego de leer la columna de Raymundo Riva Palacio en el periódico El financiero. Refiriendo dos denuncias penales instauradas ante la Fiscalía General de la República y ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, el analista político afirma que el aeropuerto “Felipe Ángeles” de Santa Lucía está metido en un hoyo profundo porque el ejército ha construido sobre terrenos que no le pertenecen, toda vez que una gran extensión de las instalaciones en proceso de construcción, se encuentra sobre terrenos privados.
Riva palacio termina señalando que la culpa es de Román Meyer, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien indebidamente declaró como “terreno nacional” en el Diario Oficial de la Federación, una propiedad de 500 hectáreas que ahora son parte de esas denuncias que tienen detenida la obra aeroportuaria, donde además de la justa restitución a los propietarios, se exige cárcel para el desaseado secretario federal y los funcionarios que armaron ese increíble despojo para concretar uno de los proyectos prioritarios de AMLO.
En el caso de la invasión de Coatepec, se estima que 500 pequeños propietarios son los que demandan la solución a ese problema que se está añejando y donde los solicitantes esgrimen una presunta solicitud de dos mil hectáreas valiéndose de documentos apócrifos.
Cuando tomaron el sitio los paracaidistas cortaron árboles, colocaron un generador de energía eléctrica e instalaron cobertizos de lámina y letreros, manteniendo guardias que impiden el paso. Desde su llegada al lugar comenzaron a presionar a los legítimos propietarios, argumentando que a través de la organización campesina CIOAC presentaron a la dependencia federal una solicitud de terrenos nacionales.
Los denunciantes insisten en que el documento en el que basan su petición es una constancia de posesión firmada por una agente municipal, que en su momento declaró que esa prueba es falsa. Sobre estos hechos ha habido varias denuncias ante la Fiscalía en Coatepec y ante dependencias de gobierno como la propia SEDATU, SEDEMA y SEMARNAT.
Los terrenos invadidos están sujetos al pago del impuesto predial y se ubican en lo que se conoce como bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña. Incluso varios de los propietarios reciben apoyos económicos de FIDECOAGUA, la instancia municipal de Coatepec que les paga una contraprestación por no deforestar sus terrenos y ser productores de agua en la región dentro de un esquema legal denominado “pago por servicios ambientales”.
Los propietarios de la región de Coatepec aguardan la demorada resolución del caso por parte de la Fiscalía General del Estado, esperando que Román Meyer no tenga aquí otro hoyo como el que le consiente López Obrador en Santa Lucía.
¿O acaso será Meyer el primer paracaidista del escuadrón 4T?
