José Antonio Flores Vargas
Veracruz recibía el nuevo milenio en el año 2000, bajo el gobierno de Miguel Alemán Velasco. Su idea de llevar a la entidad a un mejor sitio en el escenario nacional, lo motivó a impulsar la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado, además de una serie de medidas enfocadas a modernizar la administración pública estatal.
Entre esas medidas, el 3 de abril de 2001 expidió un Código Financiero, con objeto de regular todo lo concerniente a la operación de los recursos pertenecientes al Estado.
El Código Financiero para el Estado de Veracruz, resaltaba dos disposiciones clave: la primera, la obligatoriedad de que los responsables del manejo de los recursos públicos en las unidades administrativas, tuvieran título profesional en las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía y Derecho, sin excepción.
Esta medida, originó la destitución en esos cargos, de todos aquellos funcionarios que no cumplieran con ese perfil profesional, los cuales tuvieron que ser removidos a otros puestos.
La segunda disposición estratégica, señalaba que la programación, presupuestación, ejercicio y comprobación del gasto público, quedaba bajo la absoluta responsabilidad de los titulares de esas unidades administrativas.
Este lineamiento motivó una serie de comentarios, en el sentido de que la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, se le quitaba a los secretarios de despacho, para dársela a los jefes de unidad administrativa, dejando a éstos últimos en calidad de cabezas de turco, o en términos más mundanos, como perfectos chivos expiatorios, cuando hubiera necesidad.
Desde luego, en aquellos tiempos, nadie imaginó hasta dónde llegaría la irresponsabilidad, la ambición y el cinismo con que se han conducido muchos políticos y funcionarios del estado, en las épocas que siguieron a esas medidas de prevención y contención.
Actualmente, la primera disposición ha sido aligerada para hacer trajes a la medida. Pero la segunda, tiene plena vigencia, y es ella la que no deja dormir a varios personajes de la administración actual.
Lo anterior se afirma porque existen elementos suficientes para asegurar que un gran número de funcionarios, que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos, han incumplido con lo que dispone la Constitución Política, el Código Financiero y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y si se habla de la obra pública, se han incumplido varios ordenamientos legales, relacionados con esa materia, en el orden federal, como en el estatal.
La aprobación reciente para utilizar recursos provenientes del impuesto a la nómina, para liquidar adeudos del orden de 12 mil millones de pesos, traerá como consecuencia la revisión exhaustiva de todos los procesos administrativos, jurídicos, técnicos y constructivos, antes de autorizar esos pagos.
Igualmente, los 33 mil 402.3 millones de pesos que aparecen en la Cuenta Pública 2015, como registros realizados por los sectores, en proceso de validación, y que no aparecieron en la Cuenta Pública 2014, indican que probablemente no se cumplieron varios de los supuestos contenidos en las leyes que rigen la presupuestación, el ejercicio y la comprobación de esos recursos.
Los montos mencionados, hacen pensar que se han infringido diversos artículos del Código Financiero, en lo referente a la contabilidad gubernamental y la cuenta pública; al control y evaluación del gasto público, y a las responsabilidades relacionadas con el ejercicio del gasto público.
Y todo indica que olímpicamente se ignoró el contenido del Artículo 6, el cual señala que “las finanzas públicas del Estado, estarán apegadas a criterios de racionalidad y de estricta disciplina fiscal, de manera que para cada año, el nivel de gasto que se establezca, sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal.”
Lo menos que puede suceder, es que durante los primeros meses de 2017, empiecen a conocerse las inhabilitaciones en cascada, de servidores públicos de numerosas dependencias y entidades, en donde de nada valdrán los amañados procesos de basificación fast track del gobierno de Javier Duarte.
Mandos medios y superiores de SEFIPLAN, Contraloría General del Estado, ORFIS, SEV, SIOP, SEDESOL, SEDARPA, Secretaría de Salud, CAEV, y otros más, sufren ya las consecuencias de la negligencia e irresponsabilidad de los tiempos de jauja.
