La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) emitió un fallo a favor de la conductora Ingrid Coronado por daño moral cometido por la revista de espectáculos TV Notas, al publicar sin su consentimiento, algunas fotografías de ella y de su hijo. Gracias a esta sentencia inédita en México, ella estaría en condiciones de recibir una indemnización que podría alcanzar cifras millonarias.
Lo que se aborda no es color rosa, ni inquieta el dinero que vaya a recibir la artista. El asunto es que la primera sala de la SCJN determinó que el derecho a la propia imagen está indisolublemente ligado a la individualidad de la persona y debe ser protegido y considerado como un derecho fundamental al estar incluido implícitamente en el artículo 1º. de la Constitución.
El valor jurídico dignidad -reconocido en todas las constituciones del mundo occidental, principalmente- ha estado en la ley, pero son pocos los jueces que lo han hecho valer, como lo hizo el máximo tribunal en México. Y he aquí el porqué del tema en este editorial.
Durante los casi tres años del gobierno lopezobradorista, los ataques hacia los medios de comunicación, periodistas e informadores, que no comulgan con la forma de gobierno y confrontan las realidades entre lo ofrecido y los hechos, como el “no mentir, no robar y no traicionar”, son vilipendiados desde el púlpito mañanero del palacio nacional.
En estos casos, hay algo que se olvida. Los funcionarios públicos, los medios de comunicación, reporteros e informadores manejan bienes públicos, por lo tanto, la calidad de su servicio debe ser solo de informar lo que sucede. Sin embargo, y con sus honrosas excepciones, muchos de ellos se conducen según sus intereses políticos o económicos, desestimando sus obligaciones.
Como informadores, identificamos que el periodismo verdadero se rige con base en el respeto a la dignidad personal. Y no debe confundirse que se hace periodismo cuando un medio cobra por la información política (lo que genera una dicotomía). En eso se desconoce el derecho de sus lectores a una información completa y objetiva. La información pagada, o propaganda, no es completa ni es objetiva. Mucho menos aquellos datos controversiales o hasta inexactos que se pretende masificar en redes sociales con un simple teclazo y con fines de manipulación social.
Por ejemplo, desde que se proclamó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 establece como derecho la dignidad personal; el ser humano debe de estar por encima de los intereses políticos, económicos y sociales. La persona vale por el hecho de ser persona, no por sus características individuales o sociales. Pero ¿qué ha venido sucediendo entre información y dignidad humana?
Con mayor precisión, la información de los políticos solo atiende a sus intereses personales o partidarios, y a los económicos, la de los medios de información o los periodistas. En ambos casos hay error y relegan, por lo regular, a los lectores. Hay una censura y complicidad reciproca en donde todos creen que mienten.
Lo que es verdad, es verdad. No depende de un punto de vista, del sentir de la mayoría, ni de los intereses del medio, ni de premios nacionales, como hoy en día ocurre. No digamos nada de la objetividad, tema tabú́ para muchos informadores que la despachan afirmando sin más la negación de esta.
Hay, sin lugar a duda, una “vulgarización” informativa en que la verdad, el respeto a los derechos de las personas, en el campo del honor fundamentalmente, pasa a segundo plano. La falta de comprobación de los hechos repercute gravemente en el respeto a las personas, en una situación en que la dignidad, en relación con la persona humana pasa a no importar, provocando el sensacionalismo y el afán de protagonismo informativo. La falta de rigor informativo solo puede, y de hecho propicia, situaciones de indefensión ciudadana, de peligro para las vidas humanas.
Nada de esto importa en los medios digitales, mucho menos en redes sociales. Se ha perdido la respetabilidad y se transgrede la dignidad personal. Esos espacios, sirven para la cantidad y atentan contra la calidad de la información. Por fortuna, la sociedad es la verdadera dueña moral de la información.
La información tiene unas exigencias, que no tiene la opinión. Informaciones que se dan como opiniones, opiniones que se presentan como informaciones, están propiciando un desprecio preocupante hacia esa parcela de la dignidad humana, verbigracia, violentar la presunción de inocencia, sin sentencia firme.
Hoy por hoy, la profesión periodística atraviesa una crisis grave de identidad, sufre un profundo cambio. El nacimiento del llamado periodismo ciudadano, la inmensa oportunidad abierta por internet -donde participan todo tipo de personas- el fomento de la interactividad en los medios, el desarrollo de los medios digitales, se modifica cada día, por el avance imparable de las tecnologías a la actividad informativa, hacen que el concepto de profesión periodística, esté variando a ojos vista.
Los tiempos actuales enseñan que no todo el tiempo pasado fue mejor, sino que todo el tiempo tiende a ser mejor. Parece que como auguró aquella buena película del siglo pasado, el Caso Ingrid puede estar indicando que el destino nos alcanzó.
Que el fundamento esencial de la información sea la verdad. Y que no se diga -mucho menos crea- que los medios de comunicación social, periodistas o informadores tienen todas las virtudes transformadoras, confiriéndoles erróneamente una omnipotencia conservadora.
La libertad necesita de la libertad de prensa. El periodismo independiente es alimento de la democracia y los periodistas son proveedores públicos de servicios para la democracia.
