Quizá como nunca antes había ocurrido en Veracruz, el actual bienio de gobierno estatal será recordado como el periodo en que se dieron los menores resultados de las instituciones públicas en beneficio de la población. Esa penosa circunstancia también se dio y se ha visto en la mayor parte de los gobiernos municipales.
Este problema se observó prácticamente desde el año 2014, cuando empezó a decaer la entrega de recursos a los ayuntamientos y la construcción de obras públicas por parte de las dependencias del gobierno veracruzano.
Si se revisan los informes de gobierno estatal y municipales, podrá comprobarse esta disminución a partir de ese año, aunque el desarrollo de infraestructura ya venía a la baja desde ejercicios anteriores. Y la prueba de este estado de cosas, lo dan el desempleo galopante, los bajos niveles de ingreso y las altas estadísticas de pobreza y carencia social que muestra la entidad.
Ya en 2015, los diversos sectores sociales de la entidad criticaban la escasa entrega de obras por el gobierno duartista. Y en el 2016, las cosas se complicaron aún más. En enero de ese año, el auditor superior de la federación nos reveló en televisión la terrible corrupción en que había incurrido Javier Duarte. El gobernante no había comprobado 35 mil millones de pesos transferidos por el gobierno federal.
Y una vez que Yunes Linares se convirtió en gobernador electo, esgrimió como bandera los grandes montos de recursos federales que la tesorería estatal había escatimado a los municipios. Incluso, junto a su hijo, el entonces alcalde de Boca del Río y un grupo de munícipes inconformes, llegaron a tomarle el palacio al entonces gobernador sustituto Flavino Ríos Alvarado. De esos montos reclamados, igual que otros como los de la UV, jamás se dio explicación convincente y poco se supo de que hubiesen sido finiquitados.
Después Yunes Linares asumió el gobierno y llegaron los tiempos electorales que no han terminado. En el ámbito estatal, el gobernador dio prioridad a su estrategia sucesoria, más que a una de consolidación de su gestión a través de la obra pública, la dinamización de la economía y la generación de empleo.
En los municipios inició también el proceso de cambio de autoridades y las jornadas electorales. Por lo mismo, 2017 se convirtió en un año político, más que de resultados. Acabando esa etapa, el estado entero inició el proceso de cambio de gobernador, e igualmente poco hubo en los programas de gobierno.
El primero de julio acaba todo el periodo electoral, y será el momento en que el gobernador y los alcaldes que entraron en enero de 2018, podrán centrarse en el trabajo para el que fueron electos: el de dar resultados a la sociedad.
Quedan de este año, cinco meses efectivos (julio-noviembre), que podrían ser aprovechados para realizar las obras y programas sociales que no han entregado o iniciado, y que necesitan concluir para que los informes—el de gobierno de Yunes Linares y el de los 212 alcaldes—contengan algo tangible y positivo, que no sean diagnósticos, justificaciones y retruécanos.
Ojalá y hubiera un mínimo de vergüenza, honestidad y responsabilidad en ellos, para que los veracruzanos por fin vean resultados concretos que beneficien a los más necesitados, cuando menos al más del sesenta por ciento de la población que vive en situación de pobreza.
Cinco meses de trabajo que, si los aprovechan, ayudarían a movilizar a la sociedad y a su economía. Aunque sea un poco. Las excusas ya no valen.
