CONGRESO: CUANDO LA OPACIDAD ES BIEN COMÚN

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José Antonio Flores Vargas

En febrero pasado, la sociedad mexicana tenía la esperanza de que la iniciativa de la Ley 3 de 3, se convertiría en un instrumento jurídico para frenar la corrupción. Inclusive, se abrió en internet el sitio www.ley3de3.mx, donde la ciudadanía podría sumarse de manera pacífica, encauzando la indignación social y los agravios sufridos por diversos temas no muy claros.

Casos como el de la Casa Blanca y otros parecidos, fueron los detonantes para que la sociedad se organizara. La propuesta civil alcanzó más de 630 mil firmas, con lo que los legisladores mexicanos pudieron darle entrada en términos legales. La verdad es que todos los legisladores se espantaron ante la propuesta de que su declaración patrimonial quedara al desnudo.

Desde luego, los congresistas de todos los partidos políticos se opusieron rotundamente. El tema central sigue siendo que la publicación de sus tres declaraciones (patrimoniales, de intereses y fiscal) quede acotada. Esto demuestra que México sigue con la idea tradicional de que reformando o creando una ley, van a desaparecer los problemas. La realidad no es así.

Una de las complicaciones generadas desde el centro del poder, es que no existe voluntad política para aniquilar la impunidad que gozan los políticos y que sufren los ciudadanos. Seguimos siendo un país en donde, en el fondo, no pasa nada. Y nada pasará, porque los grupos de poder están envueltos en un mundo de intereses.

Se ha insistido en que el sistema democrático de nuestro país está agotado y enfermo de corrupción. La sociedad civil quiere un Sistema Nacional Anticorrupción fuerte, serio y con las herramientas para combatir verdaderamente la corrupción. El que ayer el PRI y el Verde Ecologista hayan impedido la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, evita el cumplimiento del primer objetivo de la Ley 3 de 3.

Pero la cosa no es tan sencilla. Las altas esferas del poder, deben ponderar que la movilización civil es el fiel reflejo del hartazgo social. La gente que se unió a esa iniciativa lo hizo porque quería agarrar a los políticos en sus pillerías. De momento, no podremos conocer públicamente el patrimonio que declaran los políticos de los tres niveles de gobierno en México.

El primer conflicto al que se enfrentaron los legisladores, es que sus intereses iban a ser descubiertos. Y es que nadie quiere asumir esos costos políticos. El riesgo de que la sociedad descubra incrementos del capital de un político, de un día para otro, es lo que realmente originó el que los senadores no dejarán pasar la iniciativa ciudadana.

Para combatir la corrupción se requiere meter a la cárcel a todos aquellos que han defraudado a la sociedad. Si la clase política no entiende lo que en verdad quiere el pueblo, el pueblo tiene la facultad de echarlos con una buena patada a la calle.

Los veracruzanos tendremos la oportunidad de decidir el futuro de Veracruz el próximo 5 de junio. Con Ley 3 de 3, o sin ella, la sociedad mostrará qué quiere para la entidad en los próximos dos años. Los legisladores desecharon la iniciativa ciudadana. Los ciudadanos alejarán a los malos gobernantes y candidatos.

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