A los problemas de corrupción y deuda excesiva que aquejan al estado de Veracruz, debe sumarse el alto costo de la burocracia que en los últimos años engordó a la administración pública estatal. La situación se complicó al paso del tiempo, al grado de que actualmente las finanzas gubernamentales se encuentran en estado crítico.
El tema no es nuevo, sólo basta considerar el hecho de que desde hace varios años, la población veracruzana no recibe las obras y acciones, que en teoría y de acuerdo con la Ley, debiera proporcionarle el gobierno estatal. Lo que sí recuerda, es una serie de anuncios, de colocaciones de primeras piedras o de obras inconclusas a lo largo del territorio.
Con estos antecedentes, y particularmente durante el sexenio de Javier Duarte, diversas voces alertaron sobre la necesidad de racionalizar el gasto público y de ajustar los egresos a los ingresos. Esas recomendaciones jamás fueron escuchadas. Por el contrario, el gobierno renegoció y contrajo deuda adicional para sostener su pesado aparato burocrático. Obras, programas y acciones, quedaron en el olvido. Y en su último año empezó a descubrirse la inmensa corrupción duartista, conocida por todos.
Cuando llega el cambio de administración, el gobierno federal advierte las posibilidades de solución. Entre ellas, reestructuración de la deuda, aumento de impuestos o disminución de la burocracia.
Anteayer que fracasó la negociación política en el Congreso del Estado para aprobar la propuesta de reestructuración de la deuda, de inmediato surgieron alternativas y amenazas veladas y desveladas.
También hubo reflexiones sobre lo realmente acontecido en este tema de la reestructura. Qué fue lo que sucedió en torno a la deuda y sus posibles consecuencias.
Pareciera que las dudas superaron a las propuestas. O pareciera que los costos pueden ser mayores a los beneficios. También pudiera pensarse que en el fondo existe una intención de aumentar el porcentaje de despidos de personal, que se viene haciendo casi subrepticiamente en casi todas las áreas.
Siendo realistas debemos preguntarnos si es verdaderamente cierto que un gobernador como el nuestro, no pudo controlar a un Congreso donde hay varios diputados indiciados precisamente por el Fiscal General del Estado. O si empujado por la desesperación financiera, Yunes Linares no pudo pedir ayuda al Secretario de Gobernación para que éste convenciera a los diputados y conseguir la ansiada firma de la reestructura. O también, si tanto le interesaba la reestructuración y la firma de los diputados de MORENA, entonces para qué provocar estas semanas a Andrés Manuel López Obrador. Para qué estarle moviendo los bigotes al león morenista, justamente en medio de una negociación.
Ante esto aparece una posibilidad: que el gobernador no quería la reestructura… todavía.
Si esa posibilidad es correcta, y el gobernador Yunes no consigue la reestructura, entonces podría empezar a despedir a todo el personal que pudiera parecer excesivo en las oficinas.
Y tendría la justificación apropiada, con un discurso como éste: “Yo luche hasta el fin para no despedir al personal; con esfuerzos logré pagarles tres meses, pero ya no hay recursos. Ustedes lo vieron, en un afán de cumplir con mi responsabilidad, quise renegociar la deuda y los diputados del PRI y de MORENA se negaron a apoyarme, y ante ello, el estado no tiene posibilidades de continuar pagando esos sueldos. Lo siento mucho”.
Y la estrategia provocaría el repudio social a esos partidos, al tiempo que daría algunos votos adicionales a su proyecto sucesorio.
