La corrupción que ha sufrido Veracruz en la última década, fue uno de los factores principales que motivaron el apabullante triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena el primero de julio anterior. Debe recordarse que esta entidad federativa fue una de las más visitadas por el ahora presidente electo, quien utilizó ese estandarte en innumerables ocasiones.
La semana pasada, en su primera reunión con la CONAGO en la Ciudad de México, les recordó a los gobernadores que no quería otro Javier Duarte. Y a partir de la elección, y de que fue declarado ganador de la contienda por la presidencia, ha insistido en los temas de la austeridad, la medianía de los funcionarios públicos, la transparencia y la lucha anticorrupción.
Es muy probable que esa insistencia en el discurso y los frecuentes llamados de corrección a los gobernadores y funcionarios, hubieran determinado la primera revelación nacional el viernes pasado, de un caso de corrupción, realizada por el periódico El Universal: El Sistema de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer la detención de una auditora de esa instancia, una exfuncionaria y un cómplice externo, que pretendían extorsionar a un empresario xalapeño con la cantidad de 4.5 millones de pesos, configurando así el delito de cohecho. Una muestra veracruzana de la corrupción nacional, en una dependencia federal de primer orden.
Puede afirmarse que este fue el primer ejemplo de la lucha anticorrupción que se da en México, ya con AMLO como el gran líder del país. Porque, cualquiera se pone a pensar, en que si Andrés Manuel, no hubiera resultado ganador de la presidencia, ese caso del SAT, probablemente no hubiera sido denunciado. Esto puede significar que, a partir de este mes de julio, los funcionarios públicos están poniendo sus barbas a remojar.
Y también da a pensar, en que quizá ya en estos momentos, existe un número telefónico de denuncias de corrupción, donde se estén dando a conocer a su equipo, casos que deben ser sancionados y que en las esferas locales o en el propio gobierno central tratan de ocultar.
La corrupción veracruzana es una seria epidemia burocrática que debe cortarse de tajo. Por mencionar los últimos casos que siguen en el limbo, sólo vamos a tratar cuatro de ellos: el primero, la tremenda opacidad y ausencia de denuncia, respecto a faltantes millonarios en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), referidos en diversos reportajes periodísticos; otro más, la serie de denuncias sociales sobre los numerosos contratos de obra pública, otorgados a empresas y prestanombres de Pepe Mancha, el líder panista que embarró sus alas al cruzar el pantano azul. Otro, el terrible desaseo administrativo y financiero en el Congreso del Estado, operado por el célebre diputado Sergio Hernández “el bailador”.
Pero el principal de esos casos bochornosos y alarmantes, lo conforman los corruptos exduartistas que de manera inexplicable, no han sido detenidos por la autoridad correspondiente y que tampoco se conoce, si es que “devolvieron”—como se especula o murmura—, al gobernador Yunes Linares, los millones de pesos que extraviaron su legal destino, cuando ocupaban cargos públicos en las dependencias de ese gobierno. Entre ellos, Carlos Aguirre, Vicente Benítez, Gabriel Deantes, Ricardo Sandoval y Juan Manuel del Castillo, además de algunos de los diputados federales veracruzanos que están por concluir funciones.
La lucha por la honestidad, la transparencia y la austeridad en la administración pública en Veracruz, debiera empezar por vigilar y asegurar que la Fiscalía Anticorrupción, que ahora está en juego, se ponga en manos de un funcionario capaz, experimentado y con trayectoria limpia, ajeno a colores políticos.
Veracruz debe ser ejemplo y punta de lanza en la lucha anticorrupción del gobierno lopezobradorista.
