La revista Proceso ha dado una noticia de ocho columnas que en nada sorprendió a agrónomos, ambientalistas, productores agropecuarios y tampoco a la población de las áreas rurales e indígenas de esta entidad. El lunes pasado el medio de comunicación nacional en su versión digital amaneció con el reportaje: “Los proveedores consentidos de Sembrando Vida en Veracruz”, una investigación realizada por la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
La nota periodística hace referencia al programa federal Sembrando Vida y a diversos actos de corrupción y fallas de operación y supervisión que están ocurriendo en la entidad, proporcionando nombres de funcionarios y de proveedores que han incursionado en la política estatal como candidatos a alcaldes y diputados, los cuales supuestamente se están enriqueciendo al direccionar recursos de ese programa a cuentas bancarias y empresas ligadas a esos malos servidores públicos.
Entre otras cosas, los reporteros hacen referencia a grupos de beneficiarios veracruzanos que son obligados a hacer adquisiciones de semillas en mal estado—incluso podridas—y equipos, herramientas e insumos de baja calidad a altos precios. Y por lo que se detalla en esa investigación las anomalías ocurren en la Huasteca y en otros municipios de la zona centro del estado.
Desde que AMLO puso en marcha ese programa no han sido pocos los ciudadanos y ambientalistas que han señalado los daños ecológicos que está ocasionando esa iniciativa de la 4T, en la que, para facilitar el apoyo económico oficial destinado a la siembra de árboles frutales y maderables, los interesados deben contar con superficies de terrenos en condiciones apropiadas. Justamente es en ese punto donde las alarmas han estado sonando, ya que muchos de esos interesados, para conseguir ser inscritos, previamente debieron talar árboles o desmontar sus parcelas o pequeñas propiedades.
La investigación de Ethos y Proceso revela otras fallas o deficiencias que ameritarían una revisión de los procedimientos y de las asignaciones presupuestales y padrones de beneficiarios en Veracruz, además de hacer una auditoría que incluya a los expedientes personales, trayectorias profesionales y formas de operar de los técnicos y facilitadores involucrados. Y sería recomendable que el superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara investigara cuáles de sus subordinados o insubordinados colaboradores jalaron recursos del erario para su huerta particular, tomando en cuenta las pruebas entregadas por 36 sembradores y cinco exfuncionarios de Sembrando Vida, que refiere ese trabajo de investigación contra la corrupción.
Entre los datos que brinda esa escandalosa noticia, destacan los siguientes: 16 mil sembradores a cargo de Emmanuel Randú Ortiz Herrera en la zona norte de Veracruz, que pudieron haber sido presionados para operar de manera irregular en ese esquema corrupto junto a sus hermanos Luis Enrique y Baruch, todos ellos residentes en la ciudad de Perote. Se menciona también a Eddi Castillo y Eduardo Hernández y a las empresas Hidrauver, Cohisa y a los proveedores Ageo Barradas Flores, Fe Toss Quezada y Jesús Herrera Herrera.
Graves acusaciones las de Proceso y de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, narradas en esa publicación, las que deben enfrentar e investigar Manuel Huerta Ladrón de Guevara y la Secretaría del Bienestar, así como las contralorías correspondientes.
Y los veracruzanos se preguntan: ¿Se trata de sembrar vida en el campo mexicano o de que un grupo de vivales consentidos se hagan millonarios cultivando la corrupción que en el discurso dicen atacar el presidente López Obrador y el partido MORENA? Esto lo tendrá que aclarar puntualmente el gobierno de la república. Por lo pronto, y como lo cuenta Proceso, esta parece la gran cosecha jarocha de la 4T, que lamentablemente no verán los humildes beneficiarios de este cuestionado programa federal.
