El mes de junio ha resultado fatal para el estado en varios asuntos: incremento de enfermos y muertes por coronavirus, desempleo galopante, delincuencia creciente y economía por los suelos.
Las cifras del covid-19 son graves en la entidad. Aun así, el viernes pasado Veracruz pasó al semáforo color naranja, aunque muchos municipios sigan en rojo por los contagios y decesos, como en rojo se encuentra la propia secretaría de salud estatal, debido a la pésima gestión de su titular, el médico pediatra Roberto Ramos Alor.
Diversas noticias sobre el avance del coronavirus en el territorio, tienen que ver con ausencias e incompetencias del doctor, quien parece no medir la dimensión de lo que puede ocurrir en Veracruz, transformándose en un escenario de terror.
Por ejemplo, lo que sucede en la nucleoeléctrica de Laguna Verde, donde se ha informado de varios contagios entre el numeroso personal y la percepción de que esto no importa a las autoridades. Otros casos tienen que ver con la falta de insumos de protección a médicos y enfermeras de algunos hospitales y clínicas, o acusaciones de que personal contagiado es obligado a asistir a trabajar en el Centro de Alta Especialidad de Xalapa, a menos que el médico o enfermera consiga el amparo correspondiente para no ser despedido.
Pero el desprecio a los derechos humanos de las personas parece ser generalizado. Familiares de reclusos del Cereso de Pacho Viejo, acusan la falta de atención y medicamentos en ese reclusorio, alertando del problema que puede surgir por elevada presencia de contagiados. Igual señalan en que solo con amparos consiguen autorización para el aislamiento y para recibir servicio médico.
Al doctor Ramos Alor parece que le quedó demasiado grande el puesto que le consiguió Rocío Nahle. Mes con mes, desde su llegada en diciembre de 2018, ha sido protagonista de hechos o situaciones que hacen pensar en incompetencia, además de poco compromiso con el gobernador y con la ciudadanía.
El primer tache que obtuvo, lo recibió cuando a dedazo puro en su primer diciembre en el cargo, realizó millonarias compras de medicamentos beneficiando al célebre empresario Lomelí, que en ese tiempo fungía como delegado del bienestar en el estado de Jalisco y que fue obligado a renunciar meses después.
En menos de dos años de gestión, Ramos Alor se ha visto cuestionado y presionado por ONGs y asociaciones civiles que le han criticado su falta de respuesta a problemas delicados, como es el caso de los medicamentos necesarios para la lucha contra el VIH-SIDA, o aquellos tratamientos indispensables para curar menores con cáncer en la zona de Orizaba, que denunció hace meses la señora Osi Pírez de Diez, representante de una asociación altruista que urgió a que entregaran los medicamentos oncológicos necesarios para prolongar vidas infantiles.
En esos meses se cuestionaba la irresponsabilidad de Ramos Alor porque 200 pacientes no conseguían hacerse la hemodiálisis en ciudades como Poza Rica, Veracruz, Xalapa, Yanga o Tierra Blanca, donde los enfermos llevaban hasta 15 días sin podérsela efectuar, debiendo acudir a clínicas particulares para no afectar más su precaria salud.
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Igual que en los anteriores señalamientos, el secretario poco dijo sobre los 43 centros hospitalarios del estado, cuyas instalaciones no contaban con agua, drenaje, ni luz eléctrica, según declaró al periódico La Razón, la entonces subsecretaria federal de salud, la doctora Asa Christina Laurell, concluyendo semanas después dicha funcionaria, en que “los servicios proporcionados en los centros de salud comunitarios del sureste, estaban en situación desastrosa”.
Otro asunto poco atendido por la instancia estatal es la presencia del dengue en el estado, el cual ocupa uno de los primeros lugares nacionales este año (793 casos), lo que crecerá irremediablemente por la temporada de lluvias que está encima.
Debido a que se han aumentado esta clase de señalamientos, hace pocos días la senadora Indira Rosales solicitó una auditoría al sector salud respecto a los recursos asignados en 2019, puntualizando que Veracruz es el cuarto estado que más fondos federales recibe para ese fin.
Casi todo mundo está consciente de la gravedad de la pandemia y de que el estado debe preservar la planta laboral y los ingresos familiares. Tendremos que salir a trabajar con todas las precauciones. Ojalá y el gobernador supervisara el trabajo del secretario de salud, uno de sus funcionarios con más taches y con menos credibilidad.
Respecto al semáforo naranja, existen fuertes indicios de que la selección de municipios no se hizo con el análisis debido, como son los casos de Boca del Río—observado por Fernando Yunes, alcalde de Veracruz—, o los municipios de Alvarado, Actopan y Nanchital, este último con solo 28 mil habitantes y ya con 31 muertes por Covid-19.
Aunque deba contribuir a cuidar la salud de los veracruzanos, resulta indiscutible que Cuitláhuac García también está obligado a impulsar el semáforo naranja para proteger la planta productiva y los empleos estatales. Pero hacia el interior de su gabinete, es preciso que medite la pertinencia de sacarle la tarjeta roja y expulsar al incumplido funcionario coatzacoalqueño. El pueblo es sabio y el gobernador tiene que escucharlo. Cuando menos, eso aconseja el presidente de la república.
Cuitláhuac García no puede jugar con la salud de los veracruzanos por quedar bien con la secretaria Nahle.
