José Antonio Flores Vargas

Ha iniciado el proceso de entrega recepción entre el gobierno de Duarte-Flavino que se va y el de Miguel Ángel Yunes Linares, que inicia el primero de diciembre próximo. Todo México sabe que desde hace 5 días un grupo de alcaldes se apoderó del Palacio de Gobierno, reclamando dineros que les corresponden a sus municipios y que la actual administración dispuso para otros menesteres.

Ha habido dos decepcionantes reuniones para resolver el problema. En Palacio la semana pasada, el secretario de Finanzas fue el que tuvo que asumir culpas, aparentemente de otros que ya se fueron. El día de ayer en SEFIPLAN, puso la otra mejilla, para continuar recibiendo la andanada de reclamaciones de los insistentes alcaldes y de la gente designada para recibir la administración.

Nada ha salido bien, ni saldrá. El desorden de la administración saliente, no tiene como entregar recursos desaparecidos de la Tesorería. Los alcaldes, han dicho que continuarán en el edificio principal de la calle de Enríquez, hasta el 30 de noviembre o hasta que les paguen.

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El gobernador interino ya aportó su cuota. Ya dijo que no hay recursos y que espera un rescate federal para atender los graves pendientes. 11 mil millones de pesos, dice. Que lleguen, muchos lo dudan.

El equipo de transición ya se desmarcó ayer mismo. Si no pagan a los alcaldes, no hay entrega-recepción. Una salida obvia para asegurarse que los recursos que ingresen en estos días no se vayan a otros destinos, igual de cuestionables que los que se perdieron.

Ante este relajo administrativo, de pronto surge una potente y límpida luz en el horizonte. Es el brillo del faro mayor del gobierno de Javier Duarte y ahora de Flavino Ríos, que brilla en medio de la tempestad y pretende reencauzar a los marineros que andan por ahí perdidos.

Es Ricardo García Guzmán, el Contralor General, quien hincando el estilo, y sin hincarse ante la tempestad, ha anunciado que presentará un total de ocho denuncias en contra de ex servidores públicos por enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias. Que una denuncia, es la que ya presentó contra Gabriel Deantes, que tres son contra gente de la SEFIPLAN y otras tres contra ex tesoreros, mencionando a Tarek Abdala, actual diputado federal.

Pero al Contralor le faltaron dos cosas: la primera, decir qué hará en contra de Gómez Pelegrín, el secretario de finanzas, quien ya aceptó públicamente el desvió de los recursos de los ayuntamientos demandantes.

La segunda, oponerse al condicionamiento ilegal que está ejerciendo el equipo de transición entrante, para no iniciar el proceso de entrega recepción, alegando un asunto que, aunque importante para los alcaldes quejosos, no tiene que ver con el proceso de transición.

En relación a estos casos, que exponen la negligencia y la irresponsabilidad del Contralor General, sólo falta que el nuevo gobierno lo ratifique en el cargo, considerando que está demostrando ser una garantía de que no ve, no oye y no sabe nada.

Como él mismo afirmó ayer, “dedicó un año a la solventación” de tres cuentas públicas (2013, 2014 y 2015), debido a que “no había comunicación con los ex funcionarios”.

No sea que el nuevo gobierno prefiera un contralor experto en denunciar ilícitos a paso de tortuga. Nombrado en julio de 2014, tardó más de dos años, en darse cuenta de los ilícitos, y en preparar las denuncias que, a su decir, apenas va a presentar. Ahora falta saber si los expedientes están bien integrados, para que no permitan salidas fáciles.

Con su pobre actitud, demostrada en su gestión con el binomio Duarte-Flavino, el Contralor General no hizo ningún honor a su homólogo Ricardo I Corazón de León”, aqul famoso rey inglés de las cruzadas medievales.

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