Los que corren son días en que mucha gente habla y sufre la tradicional cuesta de enero en México. Principalmente los disminuidos consumidores y todos aquellos insistentes emprendedores de la iniciativa privada, los primeros, porque la difícil situación económica les dificulta adquirir productos y satisfactores básicos, y los segundos, porque no tienen suficientes ventas e ingresos para sostener el pago de empleados y todos los demás gastos necesarios para mantener sus pequeñas o medianas empresas.

En Veracruz hay muchos otros que también se sienten desamparados por el sistema, por el estado, por la Ley y por los gobernantes. Los desamparados son de varios tipos: en primer sitio, las familias que no han tenido seguridad pública que proteja sus vidas y sus patrimonios y que se cuentan por cientos de miles en ciudades y poblaciones menores. En segundo lugar, otros cientos de miles más, que están enfermos y que no cuentan con los medios económicos para ir a un hospital privado o a un médico particular. Estos se sienten desamparados por la deficiente atención, por la ausencia de medicamentos y por la irresponsable incapacidad de las autoridades de salud federales y estatales, que están totalmente rebasadas. La doctora Patricia Ponce ha denunciado reiteradamente estas vergonzosas carencias

Hay otros desamparados: aquellas familias que lloran por parientes desaparecidos y que deambulan por las instancias de procuración de justicia o policiacas o por las decenas de fosas que hay en no pocos municipios. Y por si no hubiera ya suficientes veracruzanos desamparados, están todos aquellos que ni siquiera cuentan con empleos y que su desesperación los lleva a insistir en programas electoreros y asistenciales de los tres órdenes de gobierno. 

Pero aparte de los millones de desamparados, Veracruz tiene a un numeroso y selecto grupo de amparados. Estos últimos son los exfuncionarios señalados como corruptos o como delincuentes de cuello blanco, entre los que existen también algunos empresarios fantasmas, que pecaron -mataron la vaca o le agarraron la pata- durante los gobiernos de Javier Duarte y Yunes Linares. 

Este mes sube a esa selección de “listos y listas”, el “neoamparado” exsecretario de finanzas Gómez Pelegrín, quien recorre su personal cuesta de enero, que puede costarle la cabeza por algunos recursos embolsados en la SEFIPLAN, dependencia que ha dado varios amparados más como Tula Guerrero y otros y que, como en Ciudad Mendoza, ahí también habría que crear un enorme “monumento al embolsado”. Con este señor parece que se supera la veintena de amparados que no duermen tan tranquilos pensando en la prisión y en la devolución de las entradas que se llevaron.

Pero en el imaginario jarocho, aparte de los desamparados y de los amparados, hay un grupo de élite. Se trata de los suertudos cuitlahuistas de la Cuarta Transformación que se transformaron en funcionarios de cuarta y a pesar de ello cobran puntualmente sus dividendos políticos (salarios, viáticos y prestaciones) por tirar sabrosos rollos, por echar la culpa a los anteriores y por ofrecer soluciones para dentro de diez años, como aquella de la pacificación social.

Salvo honrosas excepciones en el gabinete de Cuitláhuac García, estos suertudos funcionarios de cuarta son encabezados por apellidos como Alor, Gutiérrez, Arvisú, y Fernández, entre otros que ni siquiera se recuerdan.

Ya se verán otros tiempos.

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