De acuerdo con instancias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o consultoras privadas como Datosmacro.com, nuestro país se encuentra en el lugar 14 del planeta, entre las economías más importantes de acuerdo con su producto interno bruto (PIB), es decir, el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por el país durante un año.
Y este sitio lo ocupa, porque México es una de las naciones de mayor territorio, población y cantidad de recursos naturales.
Pero cuando en la estadística se considera el número de habitantes y el PIB per cápita, el país se mueve al lugar número 72 del ranking, y tan sólo en el continente americano, es superado por países grandes o incluso menores en extensión, recursos y población, como son los casos de Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Trinidad y Tobago, Uruguay, Barbados, Antigua y Barbuda, Panamá, Chile, Argentina y Costa Rica, casi todos ellos con mejores índices de desarrollo humano.
México tiene un viejo problema estructural en lo referente a la desigualdad social y al reparto de la riqueza, baja tributación y creciente empleo informal, donde lo más lamentable es que los trabajadores no formales, al no pagar impuestos a Hacienda, tampoco tienen derecho a una jubilación y demás beneficios de la seguridad social.
El tema viene a colación en estas semanas en que la discusión nacional se centra en dos graves situaciones. Primero, el elevado endeudamiento del gobierno en la actual administración (según el periódico El Economista, el 14 de septiembre pasado el presidente López Obrador informó que a finales de 2023 el saldo histórico de la deuda llegaría a 15.1 billones de pesos). Este dato confirma a México entre los países más endeudados del orbe.
En segundo lugar, el anuncio de modificación en lo referente al sistema de pensiones, la intención de una contrarreforma a la Reforma de Pensiones vigente desde hace 30 años originada por el presidente Zedillo, cuyo costo no está claro quién pagaría.
Y la manera en que los especialistas recomiendan atacar el problema estructural de las finanzas nacionales es muy simple, pero difícil en su aplicación real: para seguir gastando recursos presupuestales en esa forma, México necesita que un mayor porcentaje de la población ocupada (la formal y la informal) pague impuestos sobre la renta, ya que en este apartado, ocupamos uno de los últimos lugares a nivel internacional. El otro requerimiento que es doloroso, es que además se incremente el porcentaje individual de impuesto, para acercarlo a los promedios mundiales.
De no hacerlo así, estaríamos dejando el monto de la deuda pública nacional y el aumento de pensiones a que lo paguen los que siguen, o sea las próximas generaciones (nuestros hijos y nietos), y además en su perjuicio, disminuyendo la inversión pública en infraestructura urbana y regional, que a la vez mantiene ocupada a la planta productiva en general y es multiplicadora de riqueza.
En cinco años el gobierno obradorista ha manifestado una creciente predisposición a la relajación de la Ley en todos los sectores y programas de gobierno, al gasto incontrolado y al endeudamiento a ciegas, además de una explicable predilección a la ampliación de los programas sociales de subsidio público con propósitos electorales, pero a ello hay que sumar la percepción y la evidencia de muchos hechos de corrupción en el sector público controlado por los familiares y amigos presidenciales y por miles de morenistas.
Para continuar con esos esquemas netamente electoreros, necesita conseguir la mayor cantidad de triunfos en los comicios del próximo 2 de junio, fecha en que se elegirán presidente de la república, 9 gobernadores, y todos los senadores y diputados federales. Al régimen obradorista le urge la mayor cantidad de diputados para poder aniquilar al poder judicial y a los entes autónomos que exigen cuentas claras y resultados concretos.
Será la mayor elección de la historia en México, y si sucumbe la oposición, quizá se dé el punto de quiebre de un país que tal vez ya no sería como lo conocemos hasta ahora. Es tiempo de pensar detenidamente las cosas. Los electores tienen la palabra y la decisión en las urnas.
