José Antonio Flores Vargas.
Durante los últimos cinco años, Veracruz ha contado con presupuestos crecientes y con créditos bancarios en cantidades importantes, al grado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha llegado a decir que la entidad se encuentra en una situación casi de quiebra.
En este periodo, la población no lleva en mente obras emblemáticas repartidas a lo largo de la entidad. Tampoco, los indicadores de bienestar, que informa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), acreditan una mejora que justifique la erogación de los recursos públicos estatales.
Lo que sí hemos tenido, prácticamente desde el inicio de este sexenio, han sido señalamientos de corrupción, irregularidades administrativas, impericia en las acciones de estado y la sorprendente irresponsabilidad para ejercer el poder.
Como nunca antes en el pasado de Veracruz, este tipo de situaciones habían sido tan reiteradas a nivel nacional, local, e incluso internacional. A lo más que llegaron los hombres del poder en Veracruz, fue exhibir a dos de sus coequiperos, cesándolos mediáticamente. Sin embargo, el tácito perdón se otorgó al reinstalarlos en posiciones de alto nivel.
El presupuesto que ha sido cada vez más abultado, parece que se gastó en obras inútiles, si es que las hubo, aunque más bien se considera que los recursos fueron destinadas más al lucimiento personal, que a servir de modo efectivo para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos.
Esta circunstancia, no ha podido ser soslayada por ninguno, porque inclusive, los candidatos a gobernador de todos los partidos, han puesto el dedo en la llaga sobre el mismo tema, convirtiéndolo en la parte medular de sus discursos políticos. Entonces, no hay secreto a voces, infundios, calumnias, o anécdotas para recordar. Hay realidades inevitables que conocen los ciudadanos.
Aunque muchas de las tropelías están a la vista de la sociedad, hasta el momento, no hay un solo funcionario que haya sido siquiera juzgado en algún tribunal judicial por malversación de fondos, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito u otra responsabilidad derivada del mal ejercicio al frente del quehacer público.
El próximo gobernador estará obligado a demostrar que las artimañas legales-administrativas, no formarán parte de acuerdos disfuncionales. Necesario será que se demuestre congruencia entre lo que se prometió y lo que se estará haciendo. No bastará limpiar las cuentas públicas y salir libres de cualquier imputación oficial.
El dinero no está perdido. El dinero está por ahí. Sólo la voluntad política del próximo gobernante, puede hallar la cueva del tesoro extraviado. Y que no tema abrir la Caja de Pandora; el poder no se puede ejercer sin responsabilidad.
