A mediados de septiembre se supo que el responsable jurídico de la Oficina de la Presidencia, Julio Scherer citó al gobernador del estado de Morelos. Se llegó a afirmar que ambos personajes habían limado algunas diferencias en esa reunión de trabajo. El viernes pasado, el Gobierno de Morelos presentó al Congreso del Estado una demanda de Juicio Político en contra del exgobernador Graco Ramírez y de quienes fueron sus secretarios de Hacienda y Contraloría.
El consejero jurídico del gobierno morelense declaró que los juicios políticos sirven para instrumentar inhabilitaciones para ocupar cargos -que pueden ser hasta por diez años- y para facultar a la autoridad correspondiente a dar vista al ministerio público y, de existir conductas delictivas, también se sancione en la instancia penal.
De la solicitud de juicio político en contra de Graco, llama la atención que el proceso se inicia un mes antes de que concluya el plazo constitucional para ese efecto, que no puede exceder a un año después de que el demandado hubiese dejado el cargo. También resalta el hecho de que otras organizaciones de esa entidad habían planteado esa exigencia, sin haber tenido éxito. Pero puede afirmarse que el gobernador Cuauhtémoc Blanco obtuvo el visto bueno presidencial para llevarlo a cabo
En Veracruz, la constitución local también establece el término de un año después de haber dejado el cargo (artículo 77, quinto párrafo), como el plazo fatal en que puede iniciarse un procedimiento de esta naturaleza. Esto significa que el exgobernador Yunes Linares y los que fueron sus colaboradores inmediatos, esperan preocupados que no ocurra ninguna iniciativa en este sentido -un juicio político- en contra de ellos durante los 61 días calendario que faltan para olvidar esa posibilidad que tienen encima como una afilada guadaña, recordando que concluyeron su encargo el 30 de noviembre de 2018.
Como sucedió con su antecesor, sobre Yunes Linares y excolaboradores de su régimen, han planteado la exigencia de juicio político varios grupos, entre ellos, la defensa del exsecretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez, 15 colectivos de búsqueda de desaparecidos, y hace unos días, César del Ángel, líder nacional de los 400 Pueblos.
Es hora de que el Poder Legislativo participe activamente contra la corrupción en Veracruz. Procede el juicio político cuando la actuación de los servidores públicos afecte a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho. La Ley establece que corresponde al Congreso del Estado instruir el juicio político, actuando como jurado de acusación y al pleno del Tribunal Superior de Justicia fungir como jurado de sentencia.
Lo menos que merecen los funcionarios que traicionan la confianza de la sociedad es una inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos. Miguel Ángel Yunes Linares, Jaime Téllez Marié, Jorge Winckler Ortiz, Julen Rementería del Puerto e Indira Rosales San Román no pueden soslayar la responsabilidad administrativa incumplida y pretender conducirse como si hubiesen realizado un simple paseo recreativo en Veracruz.
