La actitud negligente o insuficiente que las autoridades nacionales han mostrado frente al coronavirus es comentada por todos los mexicanos que dan seguimiento a la pandemia en otros países. Sean medios de comunicación, intelectuales, empresarios, políticos, dirigentes religiosos, académicos, estudiantes, líderes de sectores y gente de la sociedad civil, todos coinciden en la apreciación de que López Obrador y casi todos los gobernadores están pasmados ante el problema, pensando que México no presentará grandes dificultades.
A esta preocupación, se suma la idea de que no se dan a conocer los números reales de los afectados y sospechosos de llevar el virus. Ante esta situación, organizaciones no gubernamentales y diversas instituciones tratan de concientizar a la población. Incluso, existen muchas voces que consideran necesario el aislamiento obligado para prevenir contagios y disminuir la posibilidad de que las personas lleguen a los hospitales que, por otro lado, se sabe que carecen de suficientes camas, doctores y medicamentos para atender un problema de esta magnitud.
Por fortuna varios alcaldes del país y algunos gobernadores están aplicando un criterio más responsable y tratan de afrontar el mal con lo que pueden. Algunos, copiando estrategias de otros, pero hay otros, no afortunados en sus decisiones, recibiendo coscorrones de funcionarios de mayor nivel o mayor insensibilidad.
Esto le sucedió al alcalde de Minatitlán, el que, por disponer la suspensión de clases en su municipio, recibió un mediático extrañamiento del secretario de Educación, Zenyazen Escobar, quien le indicó que estaba excediéndose en sus atribuciones y que la facultad le corresponde exclusivamente al gobernador. Habría que analizar todos los “asegunes” en ambas direcciones.
En Veracruz, el alcalde Fernando Yunes Márquez, dispuso una serie de medidas para contener el coronavirus. Allí en la zona conurbada se dio a conocer el primer caso de infectación, que las autoridades negaron por varios días, hasta que finalmente entraron en razón.
En Tamiahua, la alcaldesa Citlalli Medellín Careaga, de plano trató de evitar la entrada de personas foráneas a su municipio. La joven con vínculos italianos o españoles, seguramente, al ver lo que allá está sucediendo, decidió tomar la batuta con energía, con la misma que dirige bien a su municipio, y afrontar críticas y amenazas de los intereses económicos y políticos afectados. Ella afirma que, a partir del próximo lunes, hará efectiva tal decisión.
En Xalapa, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, acordó que a partir del sábado pasado a las 18 horas y hasta nuevo aviso, deberán cerrarse todos los establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, como antros, cervecerías y negocios del ramo. Excelente disposición, para muchos, no para los dueños de los negocios.
Desde luego, tales medidas de contención afectarán a empresas relacionadas con el turismo, la recreación y la fiesta nocturna, con el consiguiente daño a la economía y al empleo.
Sin embargo, debe reconocerse que esos alcaldes estén tomando decisiones apropiadas, aunque atrevidas. De no hacerlo, tarde o temprano llegará alguien de arriba a endilgarles la culpa. Porque ese es el signo de estos tiempos: “Todos son culpables, menos el que manda.”
