Aquí se ha escrito que Veracruz ha tenido pésima suerte respecto a la procuración de justicia desde hace varios años. Aunque la historia del estado nos recuerda a grandes abogados y juristas que han desarrollado su carrera en esta entidad, ese prestigio no se ha notado todavía en la titularidad de la Fiscalía General del Estado, creada apenas durante el oscuro y traumático sexenio de Javier Duarte.
El primer fiscal Luis Ángel Bravo Contreras -el famoso Fisculín- nombrado en esos años de alta corrupción, terminó vapuleado, ninguneado y recluido en el penal de Pacho Viejo durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Y el siguiente que puso el gobernador del estero de Boca del Rio, sólo dedicó su tiempo y conocimiento a complacer a su querido y admirado jefe, olvidando la alta encomienda legal que en mala tarde recibió.
Lo primero que hicieron Yunes y Winckler como dueños de la justicia veracruzana fue abusar de la buena fe de un grupo de madres que buscaban afanosamente a sus hijos desaparecidos. El binomio azul organizó en diciembre de 2016 un vistoso y publicitado evento en el congreso del estado para entregarles la Medalla Ruiz Cortines.
Aunque a decir de sus amigos y familiares, Jorge Winckler Ortiz es brillante para muchas cosas, en toda la gestión azul no tuvo la estatura ni las tablas necesarias para ese puesto, otorgado en su favor a la manera imperial.
Llegó el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en diciembre pasado y el nuevo régimen consideró necesario retirarlo del cargo para el que fue designado por nueve años. Entró el secretario de gobierno a operar esa destitución, renuncia o juicio político, y como todos sabemos, el congreso morenista en su mayoría solo sirvió para poner en ridículo a su líder estatal.
Ahora no se sabe cómo terminará ese vergonzoso caso. No se sabe cómo hará este gobierno para acrecentar la confianza social que ha venido a cuestionar las medidas y pasos del gabinete cuitlahuista.
Pero lo que debiera primar en este asunto, es el estricto sentido de la justicia, de la aplicación de las leyes y del mantenimiento del estado de derecho en Veracruz.
Lamentablemente no se escuchan voces que insistan en ese tema de estricto Derecho, Que no es menor, porque es el que deberá sostener a Veracruz como entidad federativa, así como a la estabilidad, seguridad y tranquilidad de la población, y más que nada, a la solvencia estatal que exige cualquier posibilidad de llegada de inversiones foráneas, de crecimiento y de progreso.
Es urgente y necesario dar credibilidad a nuestra instancia superior procuradora de justicia, la cual debe estar por encima de vaivenes y transiciones políticas y gubernamentales.
Y por otro lado, es conveniente buscar a alguien con energía, conocimiento, experiencia y calidad moral que pueda en un tiempo cercano hacerse cargo de la institución.
Los veracruzanos necesitan que la Fiscalía General del Estado esté a la altura de las actuales circunstancias y necesidades del estado.
