José Antonio Flores Vargas
Conforme transcurren los últimos meses del gobierno de Javier Duarte, se van desentrañando muchos de los misterios que envuelven a la peor administración que ha ocupado el palacio de la calle de Enríquez en Xalapa.
Cada vez que aparece una noticia relacionada con el desorden y el caos en que han vivido las dependencias del gobierno veracruzano, viene a la mente aquella famosa frase pegada en el imaginario colectivo: “lo sospeché desde un principio”.
Siempre hubo sospechas. Desde un inicio, el gobernador y sus principales colaboradores, dieron muestras suficientes de que las cosas no estaban realizándose con apego a las leyes, ni a los principios y valores que posee el hombre de bien.
Los resultados de este gobierno han resaltado a la vista de todos. Han sido mediocres y altamente cuestionados por todo mundo.
Por eso, a nadie extraña que este año, hayan aparecido innumerables señales de que el ejecutivo federal buscó situarse lo más lejos posible del gobernador veracruzano, además de hacerle sentir que habrá un castigo ejemplar.
La primera nota alarmante, la dio el titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien a principio de año, expresó que debían encarcelar a Javier Duarte por irregularidades superiores a 35 mil millones de pesos. En consecuencia, el funcionario federal presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República.
A inicios de junio, unos días antes de la elección, se filtró al periódico Reforma, que el Secretario de Gobernación amenazó a Duarte con cárcel, si perdía la elección. El día de la jornada electoral, Fidel Herrera hablo de alternancia, mientras Miguel Alemán decía que el gabinete de Duarte era gris. Ambas declaraciones indicaron que se desmarcaban del cordobés.
Incluso, el persistente activismo de Miguel Ángel Yunes Linares, después de ganar la elección, hace pensar que además de su propio encono contra el duartismo, ha contado con línea presidencial para insistir diariamente en el castigo a Duarte.
Y esa línea desde el gobierno central, se observa en las publicaciones frecuentes que denuncian ilícitos y enriquecimiento de Duarte y colaboradores. Han sido varios reportajes de importantes medios de comunicación y periodistas nacionales. Los periódicos Reforma, El Financiero, y los medios digitales Animal Político y Carmen Aristegui, han dado debida cuenta de los ilícitos y de la insostenible situación del gobernador de Veracruz.
Una investigación de Animal Político sobre empresas fantasma y facturas falsas en perjuicio del erario, llevó al propio SAT a presentar la denuncia formal ante la PGR.
Otro ejemplo, el que desde México, desactivaran en el Congreso veracruzano, el llamado “paquete anticorrupción” que se había diseñado Javier Duarte. Al mismo tiempo, el terminante deslinde de Fidel Herrera contra su pupilo, en el periódico El Economista.
La gota que derramó el vaso, la renuncia ayer del secretario de seguridad pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, a raíz de la publicación de Carmen Aristegui el miércoles, donde lo acusó por la adquisición millonaria de varios inmuebles en un lujoso fraccionamiento en la ciudad de Texas.
Hace algún tiempo, Duarte había amenazado con renunciar, si el gobierno federal le exigía retirar del cargo a Bermúdez. Y es comprensible su defensa, ya que Bermúdez ha sido su colaborador de mayor antigüedad y confianza, desde que el ahora gobernador inició como Subsecretario de Administración y Finanzas, en diciembre de 2004, junto a Fidel Herrera.
Y esta línea federal no para ahí. Es posible también que desde la ciudad de México, hayan presionado al ex contralor del estado, Iván López para que informara a los medios locales, sobre delicadas situaciones que afectan a funcionarios estatales, que al igual que él, han estado declarando ante la PGR en Veracruz.
El día de ayer, al salir de esa instancia en la ciudad de Veracruz, incluso se deslindó de las acusaciones en su contra, dirigiendo la atención hacia otras importantes áreas fiscalizadoras.
Por todo lo ocurrido, y por la manera en que se han ido concatenando los hechos, se puede deducir que ninguno de ellos ha sucedido de manera independiente. Son resultado de una estrategia de debilitamiento y del enojo presidencial.
De un compromiso de hacer justicia y castigar al gobernador y a los funcionarios culpables de la crisis financiera del gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto está obligado a poner orden en Veracruz para componer su imagen ante la nación y preparar la sucesión presidencial que él desea.
Ante la opinión pública nacional, lo que está sucediendo es equiparable a un destierro político y social del gobernante y su equipo, que se puede transformar en una detención, cuando se cumplan las circunstancias jurídicas. Un camino al acorralamiento, previo al encierro definitivo, con todas las de la Ley.
