José Antonio Flores Vargas

Después de acudir a Hangzhou, China, a la reunión del G-20, el grupo de los países de mayor industrialización y de economía emergente, el martes pasado regresó a la ciudad de México el Presidente Peña Nieto.

Es probable que durante el largo viaje de regreso, haya tenido tiempo de meditar sobre los graves problemas que enfrenta el país. Uno de ellos, la creciente corrupción en algunos gobiernos estatales, que día tras día desvelan los medios de comunicación, con la consabida presión social para aplicar rigurosamente la Ley a los personajes implicados.

Ese día, el noticiero matutino de Televisa trató el conocido tema del gobernador Javier Duarte de Ochoa, para lo cual volvió a entrevistar al Auditor Superior de la Federación. Ayer mismo, Carlos Loret de Mola dedicó su columna del periódico El Universal, al asunto en cuestión, planteando la necesaria y urgente decisión presidencial para proceder penalmente, después de que las instancias respectivas integraron los expedientes legales.

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El tono serio empleado por las autoridades involucradas y los periodistas en las columnas políticas de los periódicos nacionales, obliga a pensar que no puede haber más decisión que la cárcel para aquellos que abusaron de sus cargos públicos.

En el caso de nuestro estado, han salido a relucir un número considerable de nombres de involucrados, que bien podrán formar un G-20 veracruzano, integrado por personajes indiciados y que han hecho riqueza emergente en los años recientes. Lo formarían casi todos los que en este sexenio, han sido designados titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, salvo honrosas excepciones.

Sin embargo, a raíz de las denuncias de las empresas fantasmas y de las facturas apócrifas, entre otros casos investigados más recientemente, de último momento salen a relucir otros nombres de funcionarios que ocupan u ocuparon cargos de subsecretarios, directores generales, jefes de las unidades administrativas, coordinadores y jefes de departamento, que de pronto y de la nada, aparecieron con residencias, empresas, ranchos, vehículos, viajes frecuentes al extranjero y canonjías, que no guardan relación con la medianía de los sueldos que recibieron o reciben.

Aparecen personajes como Víctor Rodríguez, “el negro que no se raja” (candidato perdedor en la elección a diputado local por Coatzacoalcos) Ricardo Sandoval y muchos más que se han dado vida de millonarios gracias a ingresos oscuros y delitos de cuello blanco.

En un editorial publicado hace algunas semanas en Palabras Claras, señalamos que las denuncias indican que “existen elementos suficientes para asegurar que un gran número de funcionarios, que tienen o tuvieron que ver con el manejo de los recursos públicos estatales y federales, han incumplido con lo que dispone la Constitución Política, el Código Financiero y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y si se habla de la obra pública, se han incumplido varios ordenamientos legales, relacionados con esa materia, en el orden federal, como en el estatal”.

 “Mandos medios y superiores, pertenecientes a esta administración, en SEFIPLAN, Contraloría General del Estado, FGE, SEV, SIOP, SEDESOL, SEDARPA, Secretarías de Salud, de Turismo, entidades como CAEV, y otros más, sufren ya las consecuencias de la negligencia e irresponsabilidad de los tiempos de jauja”.

De confirmarse esta posibilidad, y por cuanto hace al estado de Veracruz, tendríamos que corregir, y hablar no solamente de un G-20, sino más bien de un G-100, formado por funcionarios de primer, segundo, tercero y cuarto nivel, que infringieron disposiciones relacionadas con el uso de los recursos públicos.

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