José Antonio Flores Vargas
En el año 26 de nuestra era, el emperador Tiberio designó a Poncio Pilato como quinto prefecto de Judea. Pilatos, como es conocido por los cristianos, fue el gobernador romano que se lavó las manos en el juicio y ejecución de Jesucristo. La leyenda cuenta que unos años después de la muerte del profeta, el arrepentido gobernante se mató con su propio cuchillo y su cuerpo fue atado a una rueda de molino y arrojado al río Tíber.
Desde entonces, la figura más evocada del imperio romano y su gesto de lavarse las manos, sirve para revelar a las personas que pretenden descargarse de una responsabilidad. “Es un Pilatos”, suele decirse de alguien así.
Esta introducción viene a cuento en relación a una noticia publicada ayer por Palabras Claras, titulada “Consejo del IPE exige a su director y a Finanzas, cuentas claras”.
La nota refiere que el secretario de la sección 56 del SNTE, pide que se les entregue el estado de cuenta para determinar el quebranto financiero y el adeudo que tiene el gobierno con el IPE. Agrega que hay inconsistencia en la información del instituto con la que dio el Orfis, y que por ello, requieren la información real para hacerla extensiva a los jubilados y pensionados.
Esta expresión muestra que el protagonista de la noticia, el dirigente magisterial Mario Hernández Sánchez, se coloca al mismo nivel del titular del Orfis, del Contralor General y del Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso. Aunque participaron y estuvieron en el círculo del poder duartista, ahora ninguno de ellos sabe nada y no vio nada irregular.
Después de mucho tiempo de agarrarle la pata a la vaca, hacen denuncias, dan informaciones antes negadas o escondidas, o como el caso de este señor, quien ahora quiere “dilucidar las cuentas”, que le escatimaron en un consejo directivo, del cual es parte.
Como ya se volvió epidemia esto de desconocer, ignorar, o dar la cara a destiempo, por parte de varios actores políticos de plazo perentorio, parece el momento de puntualizar algunos aspectos con relación al IPE.
El Instituto de Pensiones del Estado vive de las cuotas de los empleados afiliados y de las aportaciones de los patrones, sean el Gobierno del Estado, los organismos autónomos, la Universidad Veracruzana, organismos públicos y municipios. Con esas aportaciones se forma una Reserva Técnica, que da sustento y vida a los fines institucionales. El instituto cuenta también con un importante patrimonio inmobiliario en varios municipios del estado.
Tiene tres órganos de gobierno: el Consejo Directivo, la Dirección General y el Comité de Vigilancia, presidido por el Contralor General del Estado. El Consejo Directivo (del que forma parte el Director General) y el Comité de Vigilancia, se reúnen cada tres meses. Todos los planes, informes financieros, presupuestos de egresos, programas y decisiones relevantes, se aprueban por mayoría de votos en el Consejo Directivo, del cual depende el Director.
Por consiguiente, ninguno de los integrantes del Consejo, como es el caso del dirigente magisterial que ahora se queja, pueden alegar tardíamente su ignorancia de la situación financiera del IPE, a menos que incurran en dos deficiencias: ignorancia por desconocimiento profesional o, igual de lamentable y también penado, incumplimiento del deber legal de los consejeros.
Es sencillo, después de haber disfrutado las mieles del poder y del sistema, lavarse las manos y hacer como que no supieron. Sin duda, son los modernos Pilatos del imperio duartista.
Ante estos hechos, los jubilados y pensionados, bien podrían organizarse para llevar a la cárcel a los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia del IPE, por el grave incumplimiento de lo establecido en los artículos 82, 86 y 90 y demás relativos de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz.
Más aun, cuando los diversos dirigentes de jubilados y pensionados, y los medios de comunicación del Estado, señalan faltantes en la Reserva Técnica, que ascienden alrededor de 8 mil millones de pesos, a causa de ¡préstamos indebidos a la SEFIPLAN!
Es oportuno recordar que la ley establece que los miembros del Consejo serán responsables del daño patrimonial que originen al Instituto.
Por tanto, no se debe dejar sin castigo a aquellos que dejaron hacer y dejaron pasar decisiones y hechos fuera de la normatividad, que causaron desfalco a los recursos destinados a cubrir la seguridad social de jubilados y pensionados que ya cumplieron con su actividad laboral y con sus aportaciones al Instituto.
Los beneficiarios del IPE no debieran sufrir ningún riesgo ni demora en la recepción de un beneficio mensual que ya ganaron y que les otorga esa Ley.
Los Pilatos del IPE deben pagar sus culpas.
