En épocas recientes la sociedad nacional ha presionado a las autoridades del país para que se respete el Estado de Derecho en México. Al paso de los años nuestra Constitución fue evolucionando en la búsqueda del auténtico equilibrio de poderes y en la creación de los órganos autónomos que las distintas fuerzas demandaron y exigieron.
Incluso la larga lucha política de Andrés Manuel López Obrador, su llegada al gobierno del Distrito Federal y su esforzado ascenso a la presidencia de la república fueron posibles gracias a la división de poderes y a la existencia e independencia de esos órganos autónomos constitucionales.
México ha reconocido y respaldado la división de los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, del mismo modo como ha fortalecido a la Auditoría Superior de la Federación y a órganos autónomos como el Banco de México, el INEGI, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFETEL), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).
Estos órganos autónomos surgen bajo una idea de equilibrio constitucional, están establecidos en la Constitución Política, tienen independencia jurídica y técnica por lo tanto autonomía orgánica y funcional y la facultad para expedir las normas que los rigen. La Constitución solo les exige mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del estado.
Sin embargo, el presidente López Obrador ha ido minando esa independencia de los poderes legislativo y judicial y avanza en la intromisión de los órganos autónomos, enviando o imponiendo en los cargos mayores a funcionarios muchas veces carentes de méritos profesionales, a veces sin contar con la trayectoria o experiencia necesaria para el cargo. La constante observada es que esos neo funcionarios propuestos o designados hubieran servido al obradorismo.
Estas perniciosas actitudes presidenciales, algunas jamás mostradas antes y otras ya deslizadas por él -por ejemplo, aquella expresión discursiva “Al diablo con sus instituciones”-, hacen evocar el absolutismo del rey Luis XIV, el célebre soberano francés de la frase “El Estado soy yo”.
También hacen pensar el riguroso centralismo de las épocas más autoritarias del PRI, recuperadas un poco por Felipe Calderón cuando manejaba aquellos soterrados moches diputadiles para conseguir presupuestos y obras en municipios.
Pero el centralismo de López obrador tiene mucho que ver con las asignaciones del presupuesto de egresos, tan criticadas por los gobernadores de la oposición e informadas reiteradamente por los medios, como es el caso de la reciente noticia de la distribución presupuestal para este 2021, que beneficia principalmente a entidades con fuerte presencia morenista, como Ciudad de México, Tabasco o Veracruz.
Ese centralismo y autoritarismo se basan en mecanismos de opacidad y falta de transparencia, como se manifiestan en cascada en los estados y municipios gobernados por ese partido. Noticias asociadas a falta de licitaciones públicas, a fuertes incrementos a las nóminas vía aumento de la burocracia.
El presidente anunció que este lunes se reunirá con el gabinete para plantear una serie de reformas constitucionales enfocadas a desaparecer órganos autónomos con la idea superficial de que esas funciones pueden ser realizadas por las dependencias del ejecutivo, y usando como argumento principal, el de la austeridad y hasta para la compra de vacunas del Covid-19.
Académicos, autoridades fiscales, estudiosos de la constitución y la administración pública, políticos y periodistas de casi todos los medios de comunicación, han considerado que en esta gestión el que manda en palacio nacional trata de avanzar hacia el centralismo que tanto dañó a México en tiempos pasados.
Será que en verdad Andrés Manuel hace todo esto porque no quiere contrapesos, investigaciones fiscales, o que alguien con iniciativa insista en obstaculizarle, a cuestionarle las decisiones o a auscultarle las cuentas, los presupuestos, los padrones o los resultados de gobierno. ¿Será que piensa que el presidente es el que sí tiene que ser autónomo?
El problema es que el presidente López Obrador no puede irse por la libre. La Constitución no lo permite, y de hacerlo, incurriría en delito. Ese es el quid de la cuestión en este electoral año 2021. Necesita a todos sus diputados para manosear y modificar la Carta Magna a su entero gusto.
¿O será que el verdadero significado de la 4T es la consumación de una nueva Constitución Política?
Parece que por ahí van los tiros.
