José Antonio Flores Vargas
A las decepcionantes noticias que están sufriendo los veracruzanos, se han venido a sumar los recientes avisos negativos en torno a la economía estatal, a la planta productiva y al empleo en el estado. La semana pasada se informó que debido a la crisis petrolera internacional, Veracruz ha perdido este año 25 mil 894 empleos formales, y que de acuerdo con cifras del IMSS, es la entidad más afectada por este problema.
Adicionalmente, el día de ayer, la Agencia Moody’s bajó las calificaciones crediticias del estado, alertando riesgos, debido a la falta de transparencia, combinada con una compleja transición política.
Por si algo faltaba, desde el viernes pasado, Palabras Claras comentó la intención de utilizar recursos del impuesto a las remuneraciones del personal (impuesto a la nómina) para liquidar deudas del Gobierno actual, para lo cual habían enviado al Congreso del Estado una iniciativa para crear dos fideicomisos con ese objeto.
En abierta oposición a esa medida, ayer mismo, los empresarios veracruzanos salieron a declarar que estaban dispuestos a no pagar más el impuesto del tres por ciento a las remuneraciones, si el Estado modificaba el fideicomiso existente, insistiendo en que el impuesto se había creado para construir obras de infraestructura para el desarrollo, y no para liquidar adeudos atrasados.
Esta posición, contraria a la gestión del gobernador Duarte, fue manifestada en rueda de prensa por el Consejo Coordinador Empresarial, representado por Luis Palacios Macedo, con el apoyo de otros dirigentes empresariales, como Pedro Medina Amador, Juan Carlos Stivalet y Marcos Salas, entre otros.
Tendrá que ser el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien ofrezca confianza y seguridad a la iniciativa privada local y a los inversionistas foráneos. Porque es una realidad que los indicadores estatales y las circunstancias que se viven en el terreno económico, desalientan al sector productivo.
Veracruz no puede seguirse rezagando en los estándares de crecimiento del país. A la deuda estatal con la banca de desarrollo, superior a los 45 mil millones de pesos, hay que sumarle otros delicados indicadores de atraso. Del total de la población económicamente activa, sólo tiene ocupación el 51.29 por ciento. De esa cifra, el 68.16 por ciento está en la informalidad laboral; el 58 por ciento de la población vive en situación de pobreza y un 17.2 por ciento se encuentra en pobreza extrema.
Especial cuidado deberán tener tanto el ejecutivo entrante, como los dueños del capital en Veracruz, para no dejar caer más la economía estatal y para mostrar las mejores condiciones en todas las áreas, que permitan la llegada de la inversión externa, generadora de trabajo y bienestar para los veracruzanos. Sólo con empleos bien remunerados, la población alcanzará el progreso anhelado.
