José Antonio Flores Vargas
Conforme a lo anunciado el viernes por Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el día de ayer por la tarde se reunió la Comisión de Justicia Partidaria, para dar inicio a un proceso político de alcances inéditos en el estado y en el país.
Cerca de las ocho de la noche, Fernando Elías Calles, Presidente de la Comisión, declaró que se suspendían indefinidamente los derechos partidistas de Javier Duarte y de Arturo Bermúdez, Gabriel Deantes, José Antonio Chara Manzur, Juan Carlos Rodríguez, Israel Ramos y Daniel Cordero.
Es la primera vez en la historia del partido que se suspenden sus derechos a un gobernador en funciones, lo que indica que se rompe el pacto interno de impunidad.
Ahora, habrán de notificarles la decisión a fin de que tengan condiciones de defenderse, y si no lograran demostrar su inocencia, podría procederse a su expulsión definitiva.
Ante el clamor social contra la corrupción mostrada por varios gobernadores del país, el 21 de julio pasado, el señor Armando Barajas Ruiz, en su carácter de consejero político nacional, interpuso una denuncia ante esa Comisión, en contra de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, Javier Duarte, Cesar Duarte y Roberto Borge, respectivamente.
El 27 de ese mes incluyó una más contra Rodrigo Medina, el ex gobernador de Nuevo León.
Con ese antecedente, la Comisión de Justicia Partidaria, presidida por el senador Fernando Elías Calles, e integrada también por otros seis comisionados propietarios, tuvo que tomar esa decisión el día de ayer.
La investigación de la PGR en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, y varios de sus colaboradores, es por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de un deber legal.
Con esta resolución del PRI, la opinión pública nacional da por hecho la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, de proceder a fondo contra el gobernador de Veracruz, por las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación y el SAT este año.
El proceso de suspensión a los siete militantes mencionados, indica que el juicio va en camino de convertirse en una expulsión definitiva del Partido, a la consignación de la investigación ante un Juez y al encarcelamiento y exhibición como ex priistas corruptos.
Sin embargo, el partido y las autoridades correspondientes deberán considerar que la sociedad veracruzana reclama la cárcel para los culpables, pero también, la devolución de los multimillonarios recursos que no aparecen por ningún lado.
Como se señaló en el editorial de Palabras Claras, de ayer, existen tres personajes con alta influencia en el gobierno duartista, que extrañamente no han sido considerados en las denuncias ante la PGR, ni ahora en el proceso de suspensión de derechos partidistas. Nos referimos a Alberto Silva, Jorge Carvallo y Erick Lagos.
Veracruz necesita restaurar la confianza y el cumplimiento de la Ley, que conduzcan a la moralidad pública y la tranquilidad social, indispensables para que la gente lleve a cabo sus actividades productivas en las ciudades y en el campo.
De momento, Javier Duarte se metió en tremendo brete.
