Día tras día la población de Veracruz se hunde en el mar de la pobreza y el desempleo. Y las causas no siempre tienen que ver con epidemias, contingencias ambientales, desastres naturales, depresión económica o problemas de criminalidad. En este siglo también han abundado los malos gobiernos a nivel estatal y también en muchos municipios. En las últimas décadas son muy escasos los gobernadores y alcaldes de esta entidad que pueden reconocerse como honestos y eficaces.
En el retrasado Informe de la Cuenta Pública 2019 que hizo el ORFIS hace pocos días, nos estamos enterando de las dependencias y municipios que por ineficiencias decidieron o tuvieron que reintegrar recursos públicos a la federación. Y no se trata de pesos y centavos, sino que se trata de cantidades millonarias que podrían ser utilizadas para reducir la pobreza o para crear calles, edificios educativos o introducir drenaje, por ejemplo.
Una de las fallas más notorias de los tiempos recientes en la administración pública tiene que ver con la falta de preparación de gobernantes y funcionarios, con el desconocimiento de leyes y reglamentos y con la irresponsabilidad y corrupción en el manejo de los recursos del erario. Y parece que conforme transcurren los años, la sociedad debe aceptar como normal el hecho de que los recursos presupuestados y aprobados no se ejerzan en las dependencias y no se cumpla con los programas oficiales y los indicadores de resultados.
En lugar de ello, se está volviendo común la noticia o el descubrimiento de que el gobierno estatal y un número creciente de municipios, devuelven a la Secretaría de Hacienda (reintegran a la federación) recursos millonarios que no pudieron gastar o cuando menos comprometer -mediante contratos de obra o de adquisiciones diversas- durante los plazos legales.
A veces no se ejercen porque no existen proyectos ejecutivos para las obras, o porque los terrenos no están legalizados, aunque también se dan los casos de que los funcionarios a cargo no tienen experiencia en la administración pública.
Pero también puede ser que esas devoluciones sean organizadas desde la cúpula del poder burocrático, para asegurar que el gobierno central tenga fondos disponibles para sus programas prioritarios.
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En este último caso, la costumbre de devolver los recursos se está haciendo mayor en dependencias federales y en algunas partes del país. Tampoco hay castigos fuertes para los funcionarios que se volvieron omisos con las atribuciones del cargo, castigos ejemplares para colaboradores que simplemente esperaron los tiempos formales, para en el mes de enero, como lo marca la ley, disponer el reintegro de los fondos. Es decir, que, en lugar de entregar resultados al fin de año, los omisos se manejan con la siguiente estrategia: “devuelvo el dinero que no ejercí, y termina mi responsabilidad”.
Y se recuerda a una dama que llegó a secretaria de SEDESOL en la época fidelista, la cual no sabía cómo ejercer los recursos, que, ante la circunstancia de devolver presupuestos a fin de año, hábilmente acuñó una frase para justificarse: “Lo que pasa es que yo he tenido ahorros durante mi gestión”. Cabe señalar que no duró mucho en el puesto.
Si se suman las devoluciones reportadas por la Auditoría Superior de la Federación y el ORFIS ahora, fácilmente se hablaría de algunos miles de millones no ejercidos, aspecto que, viéndolo desde otro cristal, bien podría calificarse como traición a la población que quedó esperando obras, medicinas, programas sociales, mejoras en la educación y apoyos para programas del campo, entre otros.
Servicios de Salud, SIOP, SEDARPA y hasta el Grupo MAS (agua y saneamiento de la ciudad de Veracruz), así como varios ayuntamientos veracruzanos, conforman un listado abundante en montos que se devuelven a la Federación cada año en tiempos de la 4T.
Corrupción, ineficacia y traición a la población más pobre, encuadran en esta situación que suele minimizarse. ¿Será que los altos jefes no pueden poner un alto a esta costumbre perniciosa? O se trata de simple cumplimiento de instrucciones superiores.
