A un poco más de dos meses de que ocurra el cambio de gobierno en México, dos aspectos preocupantes se movieron en este mes de julio, que auguran escenarios complicados en materia de seguridad nacional para la próxima presidenta de la república y su hombre de confianza en materia de seguridad pública.
Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch deberán mostrar visión, sensibilidad y cualidades excepcionales para afrontar los tiempos difíciles que se avecinan, si se consideran dos eventos que tienen que ver justamente con la seguridad pública del país, que el régimen obradorista decidió afrontar mediante la absurda y criticada política de “Abrazos, no balazos”.
Primero el asesinato de Milton Morales Figueroa, el funcionario que estaba considerado como el principal colaborador y amigo de García Harfuch en los asuntos de la seguridad pública de la Ciudad de México en los años recientes. Un crimen realizado cuando el fallecido no llevaba escoltas y estaba en sus horas libres.
En segundo lugar, y el caso más determinante en los años por venir en México, es la detención del famoso delincuente “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, la semana pasada, en un milimétrico operativo estadounidense que llevó a la prisión a uno de los grandes capos del narco mundial y socio principal del Chapo Guzmán, que cumple condena en una cárcel de máxima seguridad de esa nación norteamericana.
No pocos analistas nacionales y de más allá de la frontera norte, consideran que ambas circunstancias modificarán las políticas y estrategias de seguridad pública en el sexenio de Sheinbaum y harán más poderoso a García Harfuch, aunque al mismo tiempo convertirán a este último en el foco de atención de los cárteles y grupos criminales en la república mexicana.
A la par en México, las entidades federativas y todas las instituciones militares y de seguridad pública, deberán adecuarse y perfeccionarse en propósitos, objetivos y en todas aquellas tareas institucionales asociadas con la obligación constitucional de brindar seguridad y protección a la población civil y hacer guardar la seguridad nacional que exige la población.
Pareciera que llegará el fin de la larga época de la simulación en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública y la procuración de justicia, además de los esperados avances de todo lo relacionado con la administración de justicia a la sociedad, resultante de la iniciativa de modificación del Poder Judicial de la Federación, que impulsa la actual administración federal, si bien es cierto, que se hace acomodando la Ley a esos intereses y hasta sus últimas consecuencias, apoyándose en un poder legislativo totalmente subordinado a Palacio Nacional.
Todo indica que pasaremos del “Abrazos, no balazos”, a una época con otro tipo de denominaciones y actitudes presidenciales más apropiadas, quizá más similares a las estrategias estadounidenses o a sus recomendaciones o estrategias de seguridad y soberanía nacional, donde dan prioridad al enfrentamiento eficaz contra los grupos criminales y a lograr la disminución de la problemática relacionada con el avance del narcotráfico.
