Ha llegado el año 2023 y la transformación ofrecida por el gobernador Cuitláhuac García nunca se vio en el estado de Veracruz. El progreso y el bienestar sólo existen como palabras desgastadas en los cuatro informes anuales que ha entregado al Congreso y en los constantes dichos, ensoñaciones y proyecciones de sus colaboradores -simples funcionarios menores- que se la pasaron planeando y ofreciendo logros invisibles, cuando no fue culpar a los antecesores por los atrasos.
A dos años para terminar la gestión cuitlahuista, en la opinión pública el tema principal de estas semanas es una denuncia que se hace en importantes periódicos nacionales sobre supuestos actos de corrupción de la contralora general del estado, abundante en datos relacionados con un listado de aviadores o empleados inexistentes o desconocidos que cobran altos sueldos y que no realizan labor alguna, y también, con su comprobada falta de perfil profesional para la función de control y fiscalización que debiera llevar a cabo con mejores efectos.
Pero lo anterior que ya es grave, no es todo lo que pudiera observarse en Veracruz. El desempleo, la pobreza, los bajos salarios y los crecientes datos oficiales sobre rezago social que sufre la población afecta a todos. Lo que más lesiona a la sociedad entera es la inseguridad pública, el aumento de delitos, la criminalidad, el tercer lugar nacional en feminicidios, los secuestros, cobros de piso, incendio de comercios, atracos en carreteras, asesinatos y desapariciones de jóvenes y adultos, con intenciones desconocidas o por motivos políticos o de activismo social.
Sólo para referir los casos más sonados de los últimos tres meses, habrá que recordar la desaparición, sin avances de investigación, del dirigente social Francisco Fernández Morales “El Potro”, quien fuera levantado el 26 de octubre pasado en un predio rural de la localidad de San Isidro, Actopan.
Su familia y diversos integrantes del Movimiento de Resistencia Chucho El Roto, para la reclasificación de tarifas de luz en el estado, comentan cuatro situaciones. Que ese día en la carretera federal sólo se vio a dos camionetas que escoltaban su vehículo, y que viajaban hacia el norte, rumbo a Palma Sola. Que pudieron haberlo detenido por orden del Gobierno, con motivo de su activismo sobre la reducción de tarifas de electricidad, que insistía desde hace 25 años. Que todo pudo haber ocurrido en razón a que había un conflicto de tierras en San Isidro, y que algunos propietarios lo amenazaban. Otra hipótesis es un secuestro por alguno de los grupos de delincuencia organizada en la zona o una desaparición con tintes políticos, recordando que el líder fue candidato a la alcaldía. Quizá por estas razones, la señora Edith Morales hizo aquel grito desesperado pidiendo que le regresaran a su esposo, un mes después de los hechos. Y se sabe que la familia y todos los dirigentes de la organización continúan clamando por el regreso del dirigente a su hogar.
El tema de la seguridad pública en Veracruz es uno de los asuntos sin soluciones ni avances, como lo indican estos datos: los interminables ataques a tráileres y autobuses en las autopistas Puebla-Orizaba y La Tinaja-Acayucan; los inquietantes datos del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la UV, que informa que a noviembre de 2022 iban 80 feminicidios en este año, cifra superior a los 63 reconocidos hace pocos días por la instancia federal oficial.
Y por si no fuera suficiente el negro panorama, en los últimos tres meses, han sucedido los asesinatos de Daniel Portilla Gumercindo, excandidato a alcalde de Juchique de Ferrer, el de Miguel Tinoco García, Síndico de Omealca, el de Saúl Reyes Rodríguez, exalcalde de Texistepec, el de Enrique Argüelles Montero, regidor de Texistepec, el de Salvador Páez Tostado, Tesorero de Tezonapa y el viernes pasado, el asesinato de Isauro Ambrosio Tocohua, alcalde de Rafael Delgado, municipio conurbado con Orizaba.
Por estas circunstancias, desafortunadamente conocidas en el extranjero, el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos acaba de emitir una recomendación a sus ciudadanos que deben trasladarse a México en estas fechas. Esa instancia pide a los viajeros tener cuidado en ciertos municipios del estado de Veracruz, principalmente en Coatzacoalcos y Córdoba, por actividad de pandillas, delincuencia e inseguridad de carreteras.
Por desgracia los funcionarios veracruzanos del equipo cuitlahuista se han dedicado a organizar ferias, fiestas, cabalgatas, bailes y actividades festivas ininterrumpidamente en muchos municipios, con el fin de distraer a la población y para pretender justificar como acciones de gobierno ese tipo de labores superfluas con cargo a los presupuestos públicos.
Las fallas cuitlahuistas son el preámbulo de lo que serán las próximas elecciones federales y locales en Veracruz. Se vienen meses de alta tensión e inestabilidad.
