José Antonio Flores Vargas
En pleno siglo XXI, cuando en Veracruz podrían ser tiempos de modernidad, observamos que se está virando con demasiada frecuencia al pasado, situándonos en pleno retroceso en varios aspectos. Es como si viviéramos en una regresión hacia épocas olvidadas, aquellas del oscurantismo y de los aviesos fantasmas.
En lugar de ver formas de vida actuales, evolución en el pensar y una elevación en los valores humanos, encontramos actitudes rupestres y comportamientos pedestres, que nada aportan a la sana convivencia social.
Estas reflexiones se dan después de enterarnos de dos notas presentadas el fin de semana anterior.
Por un lado, los detalles dados a conocer en relación al tema de las empresas fantasma, cuyo escabroso caso persigue acuciosamente el SAT, el brazo ejecutor de la SHCP, responsable de que en estos momentos el 60 por ciento del gasto gubernamental federal se sostenga con el pago de impuestos.
Ante ello, nos preguntamos, cómo es posible que en el gobierno de Veracruz, un grupo de jóvenes, aparentemente bien preparados, algunos hasta en universidades del extranjero, actuaran de manera tan baja, tan rústica y atrevida, como si se hubiese tratado de matar y comerse un búfalo en la época de las cavernas.
Además de la baja estofa moral que mostraron, es increíble que pretendieran burlar al mazo de una ley que jamás ha perdonado. Esa que rige el pago de los impuestos y que aseguró la pervivencia de las coronas española, inglesa o francesa, por mencionar los imperios más cercanos a nuestra idiosincrasia.
Las instancias recaudadoras son las únicas que nunca pierden, aunque tengan que arrebatar. Basta con recordar a los galeones o veleros de corsarios, con los que varios imperios europeos consiguieron grandes caudales. O a la justicia norteamericana, que no perdonó el fraude fiscal que pretendía Al Capone, el zar del vicio y el crimen de ese país, en la primera mitad del siglo pasado.
Como en aquellos tiempos pretéritos, en Veracruz ganó la panza al cerebro y la ambición al honor.
Los detalles informados el viernes en la tarde por el SAT, dejan ese tipo de conclusiones.
Pero el mismo viernes por la mañana, el portal de noticias Eje Central, en la columna denominada “Costo de la deuda sobre el gasto estatal”, escrita por David Colmenares, economista experto en finanzas públicas, da a conocer una serie de datos que hacen pensar que aún no conocemos todo sobre el destino de los dineros del presupuesto estatal.
Al Veracruz de los innumerables asesinatos y desapariciones de la delincuencia organizada y del desgraciado record de periodistas muertos, ya se habían agregado los multimillonarios recursos federales que anda buscando la Auditoría Superior de la Federación y en los últimos meses, el asunto de las empresas fantasma que investiga el SAT.
Sin embargo, lo que ahora nos desvela el columnista en relación a los recursos destinados al pago de la burocracia, es sumamente alarmante, y pudiera conducir a los auditores a otros procesos fantasmales, como los que gustosamente utiliza el régimen duartista.
El columnista usa información de un estudio realizado por el INDETEC, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, que es un organismo dependiente del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Según los datos que presenta, parece que Veracruz ocupa el primer lugar nacional en el porcentaje de recursos presupuestales destinados a servicios personales, con un 41.5 por ciento, cuando el promedio nacional está en el 23.6 por ciento.
Palabras Claras, en su editorial del 20 de septiembre pasado, dio a conocer que en los seis años de este gobierno, el capítulo de servicios personales se incrementó en un 38 por ciento.
Ante estas preocupantes informaciones, surgen varias dudas. Cómo es posible que en un gobierno de tan escasa obra pública, se destine tan alto porcentaje de recursos al pago de burocracia, que debieran canalizarse a políticas de fomento y de desarrollo regional, creadoras de empleo e ingresos.
¿En cuáles oficinas están esos trabajadores y en qué se ocupan?
Pero es aquí donde aparecen dos interrogantes más, que pueden ya no dejar dormir a varios funcionarios y ex funcionarios.
Primero, ¿podemos demostrar que se han pagado los impuestos y prestaciones de toda esa gente, que se deduce del análisis de David Colmenares?
Segundo, ¿son visibles en las oficinas públicas, o es que han sido trabajadores fantasmas?
Estos cuestionamientos podrían aumentar los indicios de que algunos malos aprendices de funcionarios, caerán en su propia trampa. Por tanto invocarlo, se los va a llevar el coco.
