José Antonio Flores Vargas

Las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que se han conocido en el transcurso del año, contra funcionarios del régimen de Javier Duarte, reflejan la decadencia y descrédito que caracterizan al gobierno veracruzano en los últimos tiempos.

Es muy probable que las investigaciones de la Procuraduría General de la República y el SAT, se estén enfocando en el accionar de importantes áreas de Tesorería, como aquellas que se ubican en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

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Los investigadores que vienen desde oficinas centrales en México, deben estar sorprendidos por la elasticidad y las múltiples lagunas que tienen las leyes y reglamentos estatales, que no ha visto el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, con su calculada ceguera. Estas deficiencias facilitan la ocurrencia de los denominados delitos de cuello blanco, como aquellos en que incurrieron los funcionarios denunciados.

Pero el tema no es nuevo en Veracruz. Aún se recuerda a aquel poderoso subsecretario de finanzas y planeación, que diariamente solicitaba un millón de pesos en efectivo, con el argumento de que eran enviados al palacio “para gastos de la oficina del gobernador”. Cabe señalar que el responsable de la tesorería en ese entonces, prefirió retirarse por donde llegó, después de varios meses de insomnio, debido a que su jefe nunca le entregó la comprobación del gasto, aunque sí varios recibos con su firma.

Sin embargo, no toda la gente tiene esos prejuicios morales. En esa misma oficina, el personal comenta las diversas ocasiones en que empleados mayores y menores se han ido con todo y reata, cuando los han enviado a entregar maletas de dinero “para negociar conflictos o favores políticos”. Auténticos robos en despoblado, al amparo de la ley del monte.

Regresando al tema de la tesorería de la SEFIPLAN, y a la Subsecretaría que la supervisa, salvo honrosas excepciones, en ambas se ha visto de todo lo que se puede calificar de nocivo. Desde los multicitados ejemplos de Carlos Aguirre y Vicente Benítez, quien después pasó a la Oficialía Mayor de la SEV, o del cuenqueño Tarek y su oportuno desconocimiento de la ley, hasta el de aquellos tesoreros posteriores, más honestos, “honestones”, digamos, que a cambio de la complicidad con los jefes, trataron de imponer en altos cargos públicos a sus familiares cercanos, como ocurre con el caballeroso y atildado Arnulfo García Fragoso.

A la propia subsecretaría de finanzas y planeación, ha llegado cualquier clase de gente. Buenos, regulares, y malos, como el ahora diputado electo, Juan Manuel del Castillo, a quien tampoco le cuadraron las cuentas ni los cuentos. Este cordobés, conocido como “el portero italiano”, es bueno para la puerta y tiene estilo para comportarse como un verdadero Buffón. Por sus enormes cualidades para estirarse, pudo alcanzar de panzazo el Congreso.

Pero volviendo a Vicente Benítez y a Carlos Aguirre, ex tesoreros Summa Cum Laude de Veracruz, los dos presentan interesantes paralelismos: provienen de familias de clase media; jamás podrán justificar el desorbitado incremento de su riqueza; aparentan seriedad y conocimiento profundo en materia administrativa y contable; inmiscuyen a sus cónyuges en su ingeniería financiera; comparten sitio en la tablita, y aunque no van de la mano, caminan hacia el mismo destino.

Sin embargo, esta es solamente una historia de cajeros, con la cual se intenta desviar la atención y no se descubra el sitio donde se esconde el verdadero tesoro.

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