Los ductos y tuberías de PEMEX que atraviesan el territorio nacional han sido noticia desde hace varias décadas. Primero, debido a tragedias humanas y desastres ambientales ocasionados por ineficientes o inexistentes programas de mantenimiento.
Entre más decaía la empresa paraestatal, más ocurrencia de accidentes había en los ductos. Conforme avanzaba el deterioro físico y financiero, íbamos acercándonos a las épocas de los miles de empleados despedidos, a las horrorosas caídas de los precios internacionales y a los tiempos actuales, en que la poca riqueza de hidrocarburos, ha tenido que compartirse con inversionistas extranjeros para poder extraerla del subsuelo, en especial de los lechos marinos donde todavía existe petróleo a miles de metros de profundidad. Los críticos han bautizado esta decisión como la reprivatización de la riqueza nacional.
Mucho se ha escrito sobre el hecho de que nuestro país no supo aprovechar el boom petrolero surgido del pozo Cantarell situado en el golfo de México, frente a Tabasco y Campeche. La riqueza de ese pozo se fue por las alcantarillas de la corrupción nacional. Sobre esos tiempos de relajación financiera todavía recordamos al ex presidente López Portillo y su llorosa frase: “Defenderé al peso como un perro” o los lamentos de Fox y Calderón que anunciaban el declive.
Acabó el éxito petrolero y siguió la corrupción. Uno de sus nuevos modelos está en el descarado robo nocturno al poliducto que lleva los productos petrolíferos desde el sureste al centro del país y de ahí a varios lugares de la república. Se habla de más de cinco mil millones de dólares perdidos por esa causa en este sexenio presidencial.
Varios estados del centro, como Puebla, Guanajuato, México y otros, pelean el oscuro honor en la extracción y robo de combustible –mediante la ordeña de ductos–, que después se vende a bajo precio a camioneros, empresas y gasolineras.
La realidad es que en este inmundo robo, necesariamente deben estar coludidos los delincuentes de campo con los de cuello blanco del gobierno y con gente perteneciente a las instituciones de seguridad pública. Es tan grande el problema y las utilidades, que sólo un ingenuo puede pensar que los únicos beneficiarios son unos pobres rancheros y campesinos ubicados a lo largo del trayecto de esas tuberías.
Todos sabemos que no es así. Para poder operar como lo hacen y con la fuerza que muestran en sus acciones, como lo hicieron la semana anterior en la autopista que va de Veracruz a México, los llamados “huachicoleros” tienen que contar con protección de autoridades federales, estatales y municipales.
En Puebla, donde existe “la franja del huachicol”, formada por cerca de 20 municipios cercanos a su capital, los grupos delincuenciales que dirigen estas actividades, nos mostraron que cuentan con sicarios para proteger sus operaciones. Y al estilo de los cárteles de Sinaloa, tienen una gran base social donde mujeres y niños suelen participar cuando es necesario.
Lo extraño en Puebla, con más de mil quinientas tomas clandestinas detectadas en 2016, es que el apogeo de este problema coincide con el fabuloso desarrollo urbano de esa ciudad. La pregunta que se hace es, cuánto de ese inmenso tesoro huachicolero, ha servido para financiar ese inusitado crecimiento inmobiliario y empresarial y a sus avezados políticos, alguno de ellos, interesado en alcanzar la presidencia de la república en 2018.
¿Acaso la inmensa publicidad de campaña está impregnada con una generosa dosis de huachicol?
