El sabadazo que aplicó el OPLE veracruzano refleja que la ilegalidad y la corrupción institucional no terminan en estos tiempos que se presumen de “honestidad valiente”. Esta vez la falla jurídica se puso de manifiesto en el tema de las diputaciones plurinominales donde se pisoteó la legislación electoral y, sobre todo, el derecho de una persona que debía llegar al Congreso del Estado con apego a la paridad de género del discurso transformador.
Y todo para demostrar que el diputado reincidente Juan Javier Gómez Cazarín es capaz de ir “con Tokio” y a todas, mientras convenga. Sólo requirió a un gobernador como Cuitláhuac, para alcanzar las alturas, pero el sureño quiere más, y sabe que tiene tres años de gracia.
Y todo indica que su gobernante movió las cosas en el centro del país para conseguir lo que parecía difícil. De manera rara llegó Anilú Íngram y dejaron fuera a Héctor Yunes, cuyo discurso y estilos podrían resultar gravosos para el “operador maravilla” que varios opinadores grises localizaron en el Veracruz cuitlahuista. Esas decisiones se cocinaron en la cúpula y huelen a la Ciudad de México y a la dificultad que el morenismo percibe en el futuro jarocho.
Ya se verá qué tan caros le resultan a Veracruz los modos de Gómez Cazarín, y lo onerosos que resultan a la población los señores diputados de esta legislatura. También veremos qué clase de oposición muestran los panistas seleccionados y los otros integrantes de las bancadas menores. Sabremos además de qué tamaño es la ambición cacahuatera de Marlon Ramírez y cómo se manifiesta esta vez su gusto plurinominal para avanzar en la política.
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Por lo pronto, la imposición de este diputado nacido en Hueyapan -y con más cara que espalda- está afectando a la gente pensante y de a pie de Morena. Porque los que ven bien estas cosas, son los morenistas comerciantes pluripartidistas y usuarios de las lujosas camionetas suburban de palacio y de las nuevas empresas que crecen con la gracia de la familia García Jiménez y sus filiales y con los presupuestos públicos sin fiscalización real. Van con todo (y por Tokio) con el futuro jefe del congreso estatal.
En este escenario, la ilegalidad morenista vuelve a cobrar vida, en el mismo sentido de las intentonas para modificar la legislación local, que, por fortuna, han sido corregidas en los tribunales federales, derivado de reformas que solo evidencian la ineptitud del gobernador, la ignorancia de los diputados locales y el fracaso de los operadores jurídicos en los poderes públicos.
En Veracruz está ausente la garantía y tutela de la seguridad jurídica. La determinación de imponer a Gómez Cazarín como diputado, es el reflejo de que solo se somete a la ley a ciertos ciudadanos y al Estado cuando conviene. La garantía de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas es letra muerta y la supremacía constitucional una fantasía. Los cuitlahuistas se rigen bajo el principio del capricho y con leyes cavernarias; el interés privado de la pandilla destaca sobre el interés general para seguir asaltando el poder.
Ya se verá cómo termina la joven política de Morena, Gisela López, a quien bajaron del tren obradorista, para colocar a Gómez Cazarín. Si es que ella actúa con congruencia moral, o si la veremos usufructuando su militancia y sus derechos, convertida en empresaria de obras públicas y suministros, o con algún cargo burocrático de los que entregó Cuitláhuac a este habilidoso diputado, a quien sus adversarios apodan como El Carón.
La ilegalidad democrática que se observó este mes en torno a la diputación local, no augura nada bueno a los veracruzanos. Porque este tipo de mañas jarochas pueden resultar bastante caronas.
