Esta semana algunos medios de comunicación veracruzanos dieron a conocer la noticia de que durante el periodo enero-marzo -los tres primeros meses del año -el gobierno cuitlahuista incrementó el gasto público correspondiente a la nómina, con una diferencia superior a los 2,105 millones de pesos, respecto al mismo trimestre del año anterior en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
La explicación a este hecho puede obedecer a diversas causas, sin embargo, el único que mostró interés en el asunto fue el titular de la SEFIPLAN. Aclaró que la confusión generada por el incremento de esos pesos este año, en comparación con el primer trimestre de 2018, es equívoca, ya que en ese periodo sólo fueron registradas las primeras cuatro quincenas en la Secretaría de Educación de Veracruz, mientras que el primer trimestre de 2019 abarca hasta la última de marzo. Sin embargo la Contraloría General hizo mutis ya que no aclaró las razones de esos presuntos incrementos y tal parece que sabe poco de los asuntos del gobierno.
Tampoco resulta extraño tal comportamiento en la mayoría de los servidores públicos del gabinete, dada su proclividad a la opacidad y a olvidar los compromisos asumidos por ellos en videos de Facebook o en conferencias de prensa previas.
La agotada frase de las cuentas claras y de los conceptos de la austeridad y de la transparencia quedan solo como términos de relleno en entrevistas y en la redacción de cientos de escritos burocráticos.
La muestra la dio el propio gobernador García Jiménez en el manoseado asunto de las patrullas de seguridad pública, donde por más que fluyeron las palabras, no presentaron ninguna prueba de que la adquisición o el arrendamiento de los vehículos cuestionados, se llevara a cabo con estricto cumplimiento de la normatividad.
La soberbia y la autocomplacencia son los sellos indiscutibles de esta administración que cumple seis meses y que no encuentra contenidos adecuados que llenen el más modesto informe de gobierno. En pleno mes de mayo, no se conocen detalles o acciones o metas del Plan Veracruzano de Desarrollo propuesto para su sexenio.
La prueba de ello fue la pobre presentación ayer (casi a los seis meses de haber tomado posesión) del programa social PROVEER, desarrollo y bienestar, con el anuncio de que se echará a andar primero en cuatro municipios, “sin perjuicio de que su implementación se extienda a otras demarcaciones del estado”.
En el caso del disparo de la nómina, ojalá que este se deba a que hicieron una contratación masiva de profesores, médicos, enfermeras o policías, y no un irresponsable incremento de “personal de apoyo” o aumento de salarios y prestaciones a los funcionarios y mandos superiores.
El problema que presenta esa actitud apática, desconsiderada y displicente en que incurre el gobernador, es que ese estilo se convirtió en moda o justificada costumbre entre varios de los alcaldes y funcionarios principales del régimen morenista.
Los ciudadanos no pueden ser engañados con ausencias u omisiones de funcionarios, ni carencia de resultados durante tanto tiempo. Quizá por ahora no son exigentes, por la simple razón de que consideran incoherente y prematuro exigirle a un gobierno elegido por ellos mismos Pero los plazos sociales se agotan.
Sin embargo, alguien debiera alertar de la necesidad de ponerse a trabajar en serio. Gastar presupuestos públicos, obligatoriamente implica entregar resultados, por mínimos que puedan ser estos.
