La semana pasada, varios medios de comunicación refirieron la noticia de que Indira Rosales San Román, la nueva secretaria estatal de desarrollo social, se había reunido con los alcaldes de la zona sur para explicar el funcionamiento del programa de combate a la pobreza del gobierno del estado.
Lo que se dijo en la presentación del programa, permite varias lecturas, incluso el hecho de que el anfitrión fuera Joaquín Caballero Rosiñol, el alcalde de Coatzacoalcos.
La primera observación no resulta conveniente. Precisamente en la ciudad donde Indira explicó los procedimientos y alcances de su programa, hace seis años, también en diciembre, Javier Duarte presentó su estrategia estrella, el Programa Adelante.
Algunos podrían decir que la nueva secretaria eligió esa zona para anunciar su lucha contra el rezago y la marginación, buscando la asesoría política de Marcelo Montiel (uno de los creadores de Adelante), quien presume experiencia en programas contra la pobreza, aunque estos no llegaron a alcanzar el éxito anunciado.
Su otra fortaleza, demostrada varias veces en Coatzacoalcos por el político de Puente Nacional, es saber hacer ganar a candidatos, sea cual fuere su partido. Con ese enfoque, el interés puede obedecer a que Indira ha sido incluida como prospecto a la senaduría, que pelearía en 2018 contra Osorio Chong y su candidata Anilú Íngram, actual delegada federal de la SEDESOL.
Marcelo, de antiguos y permanentes vínculos con Yunes Linares, ahora busca la alcaldía a través de dos opciones en la elección de 2017, la de él mismo, o la de su pupilo Jesús Moreno Delgado, quien acaba de abandonar el partido rojo para adherirse a la coalición PAN-PRD.
Pero la lectura principal del evento de Indira, la más preocupante, es el anuncio de que en diez días enviará dos mil encuestadores “a peinar” los municipios más marginados del estado, para conocer dónde están y quiénes son los habitantes afectados por la pobreza extrema. Sin embargo, este esquema de operación del denominado Modelo de Atención Social (MAS), presenta serias incongruencias en materia de combate a la pobreza. Por estas razones:
Parece un formato para hacer proselitismo político. Otra más, es que su costo resultaría sumamente oneroso. Las instituciones estatales y federales (Sedesol, Inegi, Coneval, Conapo), ya saben en cuáles localidades están los veracruzanos más pobres del estado, por lo que no hace falta mandar más encuestadores.
Los dineros para contratar y enviar a los encuestadores, que propone Indira, mejor que se destinen a llevar, de una vez, los programas y acciones sociales a esos veracruzanos con carencias. La encuesta se puede hacer, al tiempo en que se entregan las obras y los apoyos En otras palabras, podemos gastar ahora cantidades millonarias en diagnósticos, encuestas y preparativos, con el riesgo de que en los meses siguientes, no se cuente con dinero para las obras y apoyos sociales que viene reclamado la población.
Y existe un detalle interesante. Mencionar 800 millones de pesos para programas sociales, es hablar de una cantidad reducida, si se habla de las ingentes necesidades que tiene la población veracruzana. Lo que Indira y sus asesores deben saber, es que el Gobierno Federal es quien tiene el dinero para el combate a la pobreza en México. Ahí es donde ellos deben gestionar, en coordinación con las delegaciones federales y los municipios, y así ayudar a su jefe a conseguir apoyos para el combate a la pobreza.
El tan manoseado programa Adelante, tuvo dineros suficientes para presentaciones suntuosas, camisetas, gorras y pulseras, himno oficial cantado por Paquita la del Barrio y Yuri; presupuesto para adquirir un abundante parque vehicular; también para contratar a cientos de encuestadores y animadores de los eventos, y también dineros para viáticos y publicidad y para diseñar un bonito padrón.
Su defecto principal fue que la parafernalia de los preparativos, acabó con los presupuestos de las dependencias participantes. Fue un programa que atendió las formas, pero jamás llegó al fondo.
Lo más vergonzoso fue que terminaron entregando a los solicitantes, no obras o apoyos sociales, sino zapatos chinos de baja calidad, playeras con logotipo, unos cuantos pisos firmes y cero obras. Resultado, el fracaso más sonado y el robo más indignante. El dinero de los pobres se lo llevaron un grupo de abusados. Marcelo conoce bien la historia.
Cuando llegó el 2016, la pobreza había crecido y se elevaron los porcentajes. Para el inicio de año, ya existían un millón, 370 mil 500 veracruzanos en pobreza extrema, más del 17 por ciento de la población total del estado; un alto porcentaje de ellos en las zonas suburbanas de las principales ciudades, las menos afectadas resultaron Boca del Río y Orizaba, dado su elevado grado de desarrollo humano que presentan desde hace varias décadas. Pero aparte de las grandes ciudades, existen 34 municipios serranos y marginados con alta incidencia en este lacerante problema. Ellos necesitan obras y acciones, no quieren más encuestas o diagnósticos.
Ojalá que el gobernador Yunes Linares cuide que Indira y su Modelo de Atención Social (MAS), no sean más de lo mismo.
