El realismo mágico que se vivió anteayer en Veracruz, refleja el triste y lamentable estado en que se encuentra el tema de la procuración e impartición de justicia en esta entidad federativa.
La salida de prisión de altos exfuncionarios estatales -primero catalogados como pillos y sinvergüenzas- que resultaron acusados por diversos delitos cometidos en el sexenio de Javier Duarte, indica la verdadera situación de la justicia estatal. Lo ocurrido en torno a esos vergonzosos hechos, evoca las festinadas y célebres paellas que alguna vez cocinara y difundiera mediáticamente el fiscal Jorge Winckler, pero estas últimas, despidiendo un profundo olor a miércoles.
Desde la designación de Winckler en el cargo, diversos grupos de la sociedad señalaron la inexperiencia y relación cercana que el abogado tiene desde siempre con Miguel Ángel Yunes Linares. Pero eso no le importaba al exgobernador del estero, el que con un simple guiño al afortunado fiscal, lograba que este dispusiera y formalizara todo aquello que a su jefe se le ocurriera.
No se trata de determinar aquí la inocencia o culpabilidad de los ex servidores públicos beneficiados extrañamente desde la integración de las carpetas de investigación, hasta el pasado miércoles. Para eso hay leyes y existen instituciones que son las que califican y sancionan.
Lo que en verdad preocupa y aterra, es la ligereza, opacidad y forma errática en que se perciben los movimientos y acciones de la justicia veracruzana de los tiempos recientes, que mueven a incredulidad y recuerdan al no lejano “sospechosismo” panista.
Quiénes son, y por cuántas razones de peso, los funcionarios y juzgadores que han intervenido en estas diligencias y procesos, han llevado la justicia a mostrar estas ridículas y sorprendentes determinaciones.
Porque aquí el tema lo comparten por igual, la Fiscalía General y el Poder Judicial.
No en vano el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió a desmarcarse de esas dos grandes e importantes instituciones, acompañado del secretario de gobierno Éric Cisneros. Hizo bien el ejecutivo estatal en exigir y plantear dos cosas. Opinar que el fiscal debe irse, y también, posponer cualquier reunión con el titular del poder judicial, porque va a averiguar qué sucedió.
Sin embargo, si el gobernador Cuitláhuac desea que se transparenten las acciones de los jueces y magistrados que tienen bajo su responsabilidad los expedientes contra los exduartistas en proceso, será necesario que, en respeto a la propia autonomía del poder Judicial, solicite formalmente una investigación a los miembros del Consejo de la Judicatura para poder conocer cómo se ha impartido justicia en cada uno de estos casos. No puede ponerse en duda el trabajo de todos los integrantes de ese poder por los posibles actos indebidos de algunos togados.
En suma, los nuevos tiempos y la inconformidad social llevan al restablecimiento real y formal del Estado de Derecho. Las leyes garantizan el sistema institucional y normativo en el que se sustentan nuestros derechos y libertades.
Tan grave es la corrupción de estos años, como lo es la terrible inseguridad pública y la impunidad que campean en Veracruz. Pero de similar preocupación es el no contar con un sistema de justicia confiable.
El gobernador tiene la responsabilidad y la palabra. Veracruz lo reclama.
