El informe de resultados de la cuenta pública 2016, que acaba de presentar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sigue reflejando malos resultados de gestión financiera en Veracruz y en otras entidades federativas. Y eso que se trata de la primera de las tres entregas que obliga la normatividad derivada de la reforma anticorrupción.
Esto significa que en febrero próximo, cuando se dé la tercera y última entrega de los resultados de fiscalización de 2016, hasta ese momento, la ASF podrá establecer el monto total y definitivo de recursos públicos envueltos en irregularidades durante el sexenio de Javier Duarte.
En lo que se refiere al documento aludido, basta con leer cualquiera de sus páginas, en lo relativo al comportamiento de los distintos fondos federalizados –los que el gobierno federal transfiere a los estados–, para encontrar fallas en su manejo en muchas de las entidades federativas.
Cómo ocurrió en los años previos, correspondientes al gobierno de Javier Duarte, también en 2016, su último ejercicio, la administración pública estatal echó el gato a retozar.
Y como ya se constata, ninguno de los exfuncionarios que ocuparon la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación en ese sexenio, se pudo abstraer de las malas decisiones y del incumplimiento del deber legal en el uso de los recursos públicos.
Para no mencionar la totalidad de los fondos de ese documento, haremos mención primero, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de las aportaciones federales para el Seguro Popular 2016, de los que se cuantifican recuperaciones probables (devoluciones a la Federación) por 920.4 millones de pesos y 303.9 más, respectivamente.
En el caso del FAFEF (Fondo de apoyo al fortalecimiento de las entidades federativas), la ASF informa que 17 estados no hicieron un uso razonable de ese fondo e incumplieron con la normatividad, principalmente los estados de Veracruz, México, Oaxaca y Michoacán.
A Veracruz, a quien le transfirieron 2,257.2 millones de pesos, la Auditoría Superior reclama la devolución de 1,651.6 millones de pesos, debido a que 252.2 se transfirieron irregularmente a otras cuentas bancarias y que 1,399.3 millones de pesos, fueron utilizados indebidamente en el pago de la nómina de la Secretaría de Educación.
Montos con altas posibilidades de que tengan que reintegrarse a la SHCP, al haberse canalizado a fines no aprobados por la Ley de Coordinación Fiscal, ni por el Decreto de Presupuesto de Egresos de ese año.
En estos casos, como en los otros que ha desvelado el Auditor Superior, no hubo gestión eficiente y transparente, observándose descontrol, opacidad y desvío de recursos.
Seguramente por este nuevo informe, los exfuncionarios duartistas implicados, deben estar sufriendo. Pero parte de esos recursos auditados, que comprenden el mes de diciembre de 2016, deberán ser mencionados en el primer informe de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ya que estaban en las cuentas bancarias al momento de la entrega recepción.
Cabe señalar que las observaciones no solventadas a la ASF, dan pie a procedimientos resarcitorios.
Ojalá que las explicaciones y solventaciones no quiten la tranquilidad a Tula Guerrero, la primera secretaria de finanzas del yunismo, a quien le tocó danzar con el peor chambelán financiero.
