Entre los altos funcionarios de la Universidad Veracruzana -que no es el caso de Sara Ladrón de Guevara- existe preocupación por los tiempos que vienen. Esta semana generó inquietud la declaración de Cuitláhuac García Jiménez, en el sentido de que la sociedad estatal es la que le ayudará a identificar a los funcionarios que incurran en corrupción e irregularidades administrativas, a los que de ninguna manera sostendría en los cargos públicos durante su gestión como gobernador a partir de diciembre próximo.
En las oficinas centrales y en las diferentes sedes de la institución, continúan trascendiendo una serie de anomalías que afectan la alicaída imagen de la Universidad. Entre ellas, el deterioro de la calidad académica, la cuestionada asignación de contratos de obra y prestación de servicios, las desmesuradas remuneraciones que perciben los altos mandos, y también, el excesivo gasto en viajes y comisiones al extranjero, que gozan los selectos integrantes de las camarillas académicas en las distintas regiones.
Nadie pudo imaginar lo que quedaría del prestigio que la universidad fue ganando al paso del tiempo y que cayó en estos años debido a las ineficiencias del rectorado actual.
Cuando Sara llegó a la rectoría en septiembre de 2013, la comunidad universitaria celebró el ascenso de una mujer al principal cargo de esa institución de educación superior. Olvidando la escasa experiencia administrativa que ella tenía como directora del Museo de Antropología de Xalapa, se creía que su formación profesional y su trayectoria académica, eran suficientes garantías para mantener a la Universidad entre los principales centros de estudios del país.
Pero pasaron los meses y las cosas no ocurrieron como sus simpatizantes esperaban. Como la institución empezó a decaer, alguien que la asesora en casa, encontró la coyuntura perfecta para el feliz salvamento. El candidato Yunes Linares necesitaba un fuerte aliado en la ciudad de Xalapa, y desde luego, ahí estaba ella para lo que se ofreciera. A los pocos meses, la rectora dio el segundo gran paso político que le permitió mantenerse en el cargo y negociar un segundo rectorado.
Para poder conseguirlo, se valió de una deuda con la universidad, que el gobierno de Javier Duarte no quiso abonarle. En marzo de 2016 y en plena campaña electoral a la gubernatura, Sara caminó con treinta mil universitarios hacia el centro de la ciudad de Xalapa, y parada frente al palacio de gobierno, reclamó airadamente más de dos mil millones de pesos que le debían y que jamás le pagaron.
Pero además de asegurar la reelección, Sara obtuvo un pago de 50 millones de pesos por la elaboración de un plan estatal de desarrollo -que jamás fue evaluado- para el gobierno bianual de su aliado temporal.
La tercera transformación de Sarita se hizo visible para todos a principios de este año. Aunque ya había dado elegantes y soberbias muestras de la plenitud del poder universitario, desde alguna alta oficina de la calle de Enríquez, filtraron una estruendosa noticia sobre su nuevo estilo de vida.
A finales de 2017, la señora y su cónyuge habían adquirido una propiedad inmobiliaria con valor declarado de doce millones de pesos y con superficie mayor a los tres mil quinientos metros cuadrados en una zona aledaña al centro histórico de la capital del estado. El hecho escandalizó al medio intelectual, a estudiantes, investigadores, académicos y a la sociedad xalapeña en general. Pero no terminan allí los cambios y los progresos.
La cuarta transformación de Sara Ladrón de Guevara constituye una verdadera jugada maestra, seguramente organizada por su esposo Guillermo Heitler Aroeste. Sin pensar en críticas o inconformidades de los universitarios, la doctora ha presentado una ingeniosa propuesta de actualización del marco legal, que le haga posible incrementar su segundo rectorado por dos años más. De aprobarse, completaría diez años como rectora.
Sara es eficaz para moverse con sigilo. Y desea estar a tono con la cuarta transformación que pretende el futuro presidente de la república. Y para su fortuna, su inteligente marido guarda convenientes ligas con Manuel Bartlett, uno de los cercanos al virtual mandatario del país.
Eso sí, a la doctora le tiene sin cuidado que en casi seis años de despachar en la rectoría y con un sueldo de casi 200 mil pesos (como se publicó en medios nacionales), no hubiera impulsado propuestas en pro de una mayor calidad académica o de beneficios importantes para la estructura de investigación que, debe reconocerse, es lo que sustenta a una universidad como institución de educación superior.
Pero, como se señaló antes, eso es algo que no preocupa a Sara. El amoroso Andrés Manuel viene perdonando todo.
