En el caso de las denuncias penales por la supuesta adquisición de medicinas falsas en la secretaría de salud de Veracruz, creemos necesario hacer algunas precisiones para salvaguardar la dignidad de médicos y enfermeras que han brindado sus servicios profesionales en esa institución.

Durante el sexenio fidelista apareció en la secretaría de finanzas y planeación (Sefiplan) el contador Ricardo Sandoval Aguilar, un individuo que pronto fue identificado como el dueño y señor de las adquisiciones de bienes y servicios requeridos por las distintas dependencias de gobierno.

Ex funcionarios relacionados con el tema llegaron a comentar que desde la Sefiplan se giró una orden a todos los responsables de las adquisiciones estatales para que, sin excusa alguna, atendieran las indicaciones de Sandoval Aguilar, con quien debían coordinarse en todo lo relacionado con la asignación de contratos, de adquisiciones, suministros y prestación de servicios de arrendamiento, limpieza y mantenimiento.

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Todo aquel que recibiera nombramiento como oficial mayor, jefe de unidad administrativa, director o subdirector de adquisiciones o jefe de departamento de recursos materiales, necesariamente tenía que tratar con este personaje y con sus subordinados, especialmente con Enrique Rodríguez Piñeiro.

Cuando Javier Duarte asume la gubernatura, Ricardo Sandoval adquiere mayor poder e influencia y llega como director de administración a la Secretaría de Salud, donde lo acompañan el propio Rodríguez Piñeiro así como Jesús Villegas.

Como operador de las compras gubernamentales, y aparentemente contando con grandes utilidades económicas, en ese tiempo Sandoval hace contacto con algunos empresarios del ramo inmobiliario y bursátil del corredor de Polanco en la ciudad de México. Esas inversiones trascienden hasta la capital del estado, con lo que adquiere fama de operador financiero de fina estampa y altos vuelos.

Se hace mención de Sandoval y sus coequiperos, porque resulta sumamente extraño que en todo este sainete de las adquisiciones de medicamentos falsos que dura ya varios años, se oculte su nombre y se insista en involucrar a titulares de la Secretaría de Salud y a servidores públicos cuyas actividades nada tenían que ver con las mentadas adquisiciones.

Si se atiende a lo que dispone la normatividad estatal y federal en materia de recursos públicos, adquisiciones y contratación de servicios, se observa que la responsabilidad queda básicamente a cargo de los que manejan los dineros públicos, es decir, los responsables de las áreas administrativas, y no de los funcionarios y colaboradores encargados de la ejecución de las acciones de beneficio social.

Por tanto, resulta irresponsable y tendencioso inmiscuir a personas cuya calidad profesional debe quedar inmaculada y fuera de toda duda, en beneficio de la propia sociedad veracruzana. Qué caso tiene, y a quién beneficia, enlodar a médicos y enfermeras por un asunto estrictamente administrativo, que fue operado por colaboradores desleales y corruptos que medraron con la salud de la gente.

Acaso el médico o enfermera que suministra un medicamento, es responsable del modo en que éste fue adquirido, o si es verdadero o falso, o clonado o apócrifo.

Entonces, para qué generar en la sociedad sentimientos de incredulidad y desconfianza en los servicios de salud de Veracruz.

O es que se trata de involucrar a trabajadores inocentes, como una forma perversa para despedirlos, siguiendo los estilos de esta administración.

La sociedad cree que ha llegado el momento de olvidarse de estridencias y circo; pasar a acciones concretas; deslindar responsabilidades, acusar a quienes la deban, y más que nada, dejar en paz a los que sí trabajan en esa institución de servicio a la comunidad.

La inmensa mayoría de los hombres y mujeres que cuidan la salud, sí practican la ética en su oficio. Necesario tener mayor prudencia.

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