Como ya se volvió costumbre desde hace algunas décadas, el PRI estatal continúa sufriendo para consolidarse como partido político y digno participante en las diferentes contiendas electorales. Una base popular incierta y volátil, produce liderazgos cuestionados y raquíticos que, a su vez, generan escepticismo, apatía y rechazo en la población. Ese es su estado actual y su verdadera cruz.
Si se menciona a los últimos presidentes priistas en Veracruz, se cae en la cuenta de que, salvo alguna extraña excepción, todos ellos han sido o están absolutamente desacreditados. Incluso, dos o tres de ellos han tenido que ver con denuncias legales por corrupción. Y si se revisa el abanico de participantes que buscaron estos meses la presidencia del partido estatal, se observa la poca o nula estatura política de los involucrados. Nada que ver con la mayor parte de los anteriores líderes, que habían transitado por posiciones más relevantes. Marlón Ramírez será el dirigente de ese maloliente partido, a partir del próximo 14 de este mes, y lo máximo que se espera es la repartición de los últimos cacahuates agrios de ese instituto raquítico, su estatura no da para más.
La causa principal ha sido el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, recluido en prisión en la Ciudad de México, acusado por la PGR por diversos delitos junto a varios de sus colaboradores. Pero también han tenido que ver en esta debacle partidaria, otras maneras y otros estilos de corrupción y menosprecio a la sociedad, a veces ajenos al presupuesto público, al gobierno o a sus dependencias.
Una de ellas, ha sido el reiterado uso de recursos propiedad de pequeños emprendedores o productores, conducidos mañosamente hacia actividades de proselitismo y negociación política tricolor. El partido, utilizado como canto de sirenas, ha servido para distraer y desaparecer recursos provenientes de cajas de ahorro populares, en detrimento de legítimos ahorradores de pueblos y ciudades, generalmente dedicados a actividades agropecuarias que han brindado su confianza a malos gestores o a candidatos sin entraña moral.
El día de ayer y durante semanas antes, los medios de comunicación del estado refirieron el trillado caso de las Cajas de Ahorros COFISUR y la llave del Sureste, que desde hace nueve años defraudaron a cientos de personas en la zona de Los Tuxtlas, desapareciendo 760 millones de pesos bajo el astuto y endeble argumento de que “se utilizaron para prestarlos al gobierno y financiar al PRI en las elecciones”.
Este reclamo no resuelto de la gente de San Andrés Tuxtla, recuerda el sonado caso de la Caja de Ahorros del Ingenio El Modelo en la ciudad de Cardel, donde se perdieron 500 millones de pesos en perjuicio de 3000 ahorradores de la zona, con la justificación de que “el dinero se prestó para campañas del PRI en 2004, 2006 y 2007”. De este azucarado asunto, siempre ha faltado un posicionamiento definitivo y creíble de Héctor Yunes, ahora diputado federal, faltista consuetudinario del Congreso, a quien la gente de Cardel y la región le endilga furiosas culpas y responsabilidades.
Otra forma de allegarse de recursos para hacer campañas políticas, es la que le adjudican a la poderosa exsenadora priista Erika Ayala, a quien le están encuerando en la SEV de Zenyazen Escobar, a 200 aviadores del COBAEV bajo su mando sindical, que desviaron 100 millones de pesos.
Con estas formas y estas muestras de corrupción inacabable, es muy difícil que el PRI salga del pantano en que él solo se metió. Aves demasiado canoras las del priismo, pero con plumajes bastante manchados, acusaría el poeta Salvador Díaz Mirón.
Un partido pulverizado y desacreditado, en el que sus integrantes perdieron el piso y el norte.
