Veracruz vive años terribles. La criminalidad aumenta hora tras hora y no hay quien la pare. La secretaría ejecutiva del sistema nacional de seguridad pública cuenta con registros y estadísticas que muestran que esta entidad federativa ha superado los 500 feminicidios en el último lustro, justamente durante el periodo de enero de 2015 al 30 de abril de 2020.
En mayo del año pasado Diario de Xalapa alertaba que se habían alcanzado las 400 muertes por esa causa. En diciembre anterior, Milenio informaba 147 asesinatos a mujeres, correspondientes a 2019. Los medios nacionales acaban de publicar que, de enero a abril de este año, el estado tuvo 34 feminicidios. Cabe aclarar que todas estas cifras fueron obtenidas en la página web de esa secretaría ejecutiva.
Veracruz ha alcanzado la tasa de 3.44 casos de feminicidio por cada cien mil habitantes, mientras que la media nacional es de 1.17 casos.
Estos temas son de la responsabilidad e incumbencia de los municipios, de la secretaria de seguridad pública y de la Fiscalía General del Estado, entre otras instancias.
El día de ayer la Fiscalía General del Estado recibió a su tercer titular en un poco más de cinco años de existencia. El congreso estatal tomó la protesta de ley a Verónica Hernández Giadáns, quien después de casi nueve meses como encargada de despacho, se convirtió en la tercera fiscal titular, desde que la institución surgió como tal y consiguió la autonomía a principios de 2015.
El 30 de enero de ese año, Luis Ángel Bravo Contreras -en ese entonces procurador de justicia del estado- se convirtió en el primer fiscal general, gracias a una reforma constitucional originada en el gobierno federal. El funcionario estuvo en el cargo durante 23 meses hasta finales de diciembre de 2016, cuando fue obligado a renunciar para dar paso al nombramiento del yunista Jorge Winckler Ortiz, quien fue destituido 32 meses después, en septiembre de 2019.
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Como resultado de acusaciones por irregularidades durante el gobierno de Javier Duarte, el ya exfiscal Bravo Contreras fue encarcelado temporalmente hasta su liberación meses más tarde. En el caso de Winckler, el abogado porteño defenestrado después de varios intentos por el gobierno cuitlahuista, se dice que se encuentra prófugo desde su obligada salida de la Fiscalía.
Si no ocurren incidentes o circunstancias como las que sufrieron sus antecesores, la licenciada Hernández Giadáns sería la primera fiscal que podría mantenerse en el cargo por los nueve años que dispone la ley. Y esto puede ser bueno para la procuración de justicia en el estado. La Fiscalía necesita entrar a un proceso de estabilidad y eficiencia, más allá de cuestiones políticas.
Su entrada formal y definitiva a la titularidad de la Fiscalía puede ser el punto de inflexión que necesita el gobierno de Cuitláhuac García para tomar todos los hilos en la procuración de justicia en Veracruz y poder entregar a la sociedad los resultados y las cuentas que espera ansiosamente, sin pretexto de que hay un fiscal al que no le tiene confianza o no es de su equipo.
Y, por otro lado, con Verónica Hernández Giadáns se tiene garantía de conocimiento del tema y de sus problemáticas contemporáneas, ya que ella cuenta con una capacitación real de más de ocho meses al frente del ente, habiendo acrecentado y afinado las relaciones institucionales con la Fiscalía General de la República y con los diversos integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sobre todo, por la alta incidencia de delitos y por la creciente impunidad, no resuelta. Y reiteremos los dos asuntos prioritarios. Primero, las matanzas, asesinatos, incendios, robos, cobros de piso y secuestros, que a lo largo y ancho se suscitan mes con mes, y segundo, detener los feminicidios que enlutan a los hogares, castigar con el peso de la ley a los responsables y prevenir su ocurrencia en el campo y la ciudad.
Cuitláhuac García tiene la palabra y el compromiso; Verónica Hernández, los elementos para dar los resultados que todos esperan.
