José Antonio Flores Vargas
A cuatro meses de tomar posesión como gobernador del estado, el protagonismo mediático y los afanes correctivos de Miguel Ángel Yunes Linares, tienen enloquecidos a varios personajes de la administración que está por salir. Pero el nerviosismo de ellos, se aceleró desde que en enero de este año, el gobierno federal empezó a dar señales de que no habría perdón para los que defraudaron a los veracruzanos.
El acontecer cotidiano muestra dos cosas: La primera, la torpe insistencia en practicar jugadas de tres bandas, como si el estado fuera una mesa de billar.
La segunda, los signos de apresuramiento para tratar de componer el desbarajuste existente en todas las áreas de la administración pública. Día con día comprobamos que más que gobierno, tenemos a un grupo de bandas descontroladas, que no pueden aportar soluciones, y que sólo están dando bandazos, que a nada bueno conducen.
En este sentido, un ejemplo de cinismo e irresponsabilidad lo dio Octavio Gil, director del Instituto de Pensiones del Estado. A pesar de la fuerte y permanente inconformidad de los pensionados y jubilados, el 20 de julio pasado, declaró a los medios que “no se le debe a nadie; no se le adeuda a ninguno de los que ya están pensionados”. Inútil acción, porque a estas alturas del partido, el gobernador electo, ya debe tener el listado completo de adeudos a los pensionados, que invalidan esa descabellada declaración.
El segundo caso de intranquilidad y de desesperación, debido a su negligencia y complicidad, lo dio Lorenzo Antonio Portilla, el 23 de este mes. Ese día, sin dar la cara el auditor, el ORFIS publicó, entre un mar de palabras, que “evaluará a 195 despachos externos que auxilian en revisión de cuentas”.
De esa letrada publicación, la acción y la noticia debieron ser al revés: 195 despachos externos evaluarán al órgano y a su auditor principal. Es decir, cuidar que no se vaya en banda la nave, con todo y Lorencillo, su capitán pirata, porque ahí hay mucha tela de donde cortar.
Pero el caso más desesperado, tiene que ver con la filtración que desde hace varios días, en distintos medios de comunicación, están dando sobre adeudos diversos. A periodistas, a proveedores y a contratistas, fundamentalmente. Este ejercicio, pretende que la opinión pública legitime los adeudos incluidos en esos informes, indebidamente dados a conocer.
Al respecto, Juan F. Aguilar de la Llave, en su columna publicada el domingo en Palabras Claras, analizó puntualmente el asunto del impuesto del tres por ciento a la nómina y los fideicomisos recién creados, además de señalar las implicaciones sobre los pagos de deuda que se pretenden hacer en los años venideros.
Pero llama la atención que se vuelve a divulgar, una deuda total de 11 mil 038.5 millones de pesos, donde 4 mil 498.6 millones, corresponden al pago de obras y contratistas del gobierno del estado, que ya había sido publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria 290, el pasado 21 de julio.
Considerando que la gente dice que casi no se hicieron obras en este sexenio, saltan algunas preguntas:
¿Dónde están las obras, si tienen la calidad suficiente, y cómo se contrataron?
¿Debemos pedir al SAT que revise todas las facturas emitidas en favor del Gobierno del Estado de Veracruz, para asegurarnos de que no sean facturas falsas o de empresas fantasmas?
¿Tendrá que llegar el nuevo gobernador a ordenar la auditoría física y financiera de todas las obras de esos listados, y a evaluar la capacidad y honestidad de los funcionarios relacionados con las obras. Y si tienen certificación y cédula profesional en esas materias?
Es lamentable que en este proceloso mar, la Contraloría del Estado se mueva como si fuera un barco fantasma. Ni sus ocupantes saben de su existencia. Y Ricardo García Guzmán, el otro capitán pirata, quedó mudo desde que le comió la lengua un animal político.
Por ello, es oportuno resolver esas interrogantes. La banda sigue derribando la política y la democracia. La salud y el futuro de Veracruz lo ameritan.
