La pequeñez es la norma en el mundo de la Cuarta Transformación. Así parece. Y en política, si parece, es. Mucho se habla en pasquines y en redes sociales morenistas sobre los “triunfos operativos” del presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado, el diputado sureño Juan Javier Gómez Cazarín. Lo que nadie dice, es que este joven y ambicioso legislador se sostiene con alfileres chuecos y oxidados provenientes del palacio de gobierno. 

En estos días resulta ser el personaje de moda en Veracruz debido a que con su peculiar estilo y con las debidas instrucciones superiores, está operando el planchado y la imposición dedocrática de quien será responsable de la Fiscalía General del Estado. 

Sobre este asunto se han pronunciado diferentes actores políticos y sociales. Uno de ellos es el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, el padre José Manuel Suazo Reyes, quien criticó los procedimientos y la supuesta designación en favor de la actual encargada de la Fiscalía, la licenciada Verónica Hernández Giadans.

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Es posible que las palabras del vocero católico no agradaran en palacio de gobierno y por ello ordenaron la respuesta que dio el diputado, cuando este expresó: “Sus declaraciones sobre el proceso para elegir al fiscal general resultan ociosas. El artículo 130 constitucional establece la separación del estado y las iglesias. Recomiendo al padre Suazo que se dedique a cuidar feligreses y a dar la palabra; que a los legisladores nos deje la situación política del estado. El vocero desconoce el tema; por eso es mejor no meterse a opinar”

Hora después, el aludido contestó en su cuenta de twitter: “Quien crea que los asuntos públicos no pertenecen a todos sino a una élite, no entiende nada de gobernanza actual”, La corta respuesta llegó precisa al jefe del diputado, el que de manera evidente demuestra que no ha leído bien la Carta Magna. 

Sobre los desencuentros y discordancias entre el gobierno del estado y la Iglesia Católica, basta enumerar los siguientes casos, todos ellos con la participación del mencionado representante de la institución religiosa.

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En abril de 2016 se promovía en el estado la reforma al artículo 4 de la constitución local. Había una gran presión de diversos grupos sociales sobre el tema del aborto. El 23 de ese mes en el puerto de Veracruz se llevó a cabo la “Marcha por la Vida en Veracruz”. Al respecto, el padre Suazo declaró: “La reforma dirá que en el estado se garantiza la vida del ser humano desde su concepción y hasta el momento de su muerte”. Basta con leer el texto reformado de tal artículo, para entender el peso que tuvieron los veracruzanos y la oposición de la iglesia católica.

En septiembre de 2016, un cura y un sacristán fueron asesinados en Papantla. El fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, se apresuró a declarar que “víctimas y homicidas se conocían y estuvieron bebiendo y riñeron por el robo de limosnas y camionetas”. Las autoridades eclesiásticas negaron esos hechos y la enérgica respuesta del vocero católico fue: “la violencia y la inseguridad han rebasado a las autoridades”.

Meses después, en febrero de 2017, el gobernador Yunes Linares emitió un decreto en el que se publicaba la renovada Carta Matrimonial Veracruzana, que ya no hacía referencia al hombre y a la mujer. En ella aparecían frases como “Los contrayentes son dos personas interesadas en compartir su vida” y “El matrimonio es la unión de dos personas que conviven para realizar los fines esenciales de la familia”. El padre Suazo Reyes fue el encargado de mover los hilos para que en menos de una semana fuera abrogado tal decreto. 

Este regreso político, convertido en derrota del gobierno yunista, ocasionó que el PRD y Rogelio Franco tuvieran que cargar con las culpas y que al vocero se le endilgaran calificativos que poco tienen que ver con los valores católicos, pero que al final produjeron resultado positivo para su causa.

El padre Suazo Reyes cuenta con muchos más timbres profesionales que su apocado crítico de la Legislatura. Y, por otro lado, debe entenderse que la Curia en el estado no coincide con los rudimentarios modos actuales y tampoco está muy satisfecha con la mediocridad y corrupción insoslayables en el régimen cuitlahuista.

Pero hay algo más. El señor Cazarín, falto de conocimiento político-jurídico, se apartó de los artículos 6º y 7º de la constitución mexicana. El primero establece que la manifestación de las ideas no será́ objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, mientras que el otro señala que la libertad de difundir opiniones, información e ideas es inviolable. Estos artículos no limitan la expresión, mucho menos clasifica si se pertenece o no a alguna religión. Por ello, el atrevido legislador -y como buen morenista- llegó al clímax, cuando intentó atajar al vocero Suazo, invocando el artículo 130 constitucional. 

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La ignorancia de Juan Javier demuestra que no sabe que ese artículo reglamenta y reconoce a las diferentes iglesias, y eso no significa que se pueda restringir el respeto absoluto a la libertad religiosa, porque este derecho humano protege tanto a los creyentes como a los no creyentes. Es cuestión de libertades no de insurrecciones.

Parece que Gómez Cazarín y aquellos que dicen gobernar en Veracruz se han topado con la Iglesia y con uno de los más aguerridos y preparados siervos de ella. Y al representante popular, cabe aclararle que tiene poco mérito algún avance, si este se logra mediante la manipulación de los diputados, la inobservancia de las normas y la transgresión de las leyes, como ha sido la marca en este pequeño congreso.  

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