Empujado por la necesidad central de recursos tributarios para la hacienda pública, a principios de este siglo el gobierno estatal comenzó a cobrar el impuesto sobre nóminas, que el gobierno federal impulsaba desde 1963 con el objetivo de que los estados de la república avanzaran hacia una autonomía financiera.
Desde décadas previas, operaban en esa dirección el Distrito Federal y entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. Morelos fue el último estado de la república, que en el año 2007 incorporó a su recaudación el cobro de este impuesto.
Con el 2 por ciento establecido para el estado de Veracruz se inició el cobro del impuesto, y así año tras año se consiguieron crecientes recaudaciones, disminuyendo la dependencia financiera de Veracruz con la federación, situación que sin embargo persiste, ya que el presupuesto estatal depende en alrededor del 90 por ciento de los recursos fiscales que administra la SHCP.
La administración veracruzana constituyó un Fideicomiso con un comité técnico donde había representantes del sector empresarial y social, y bajo esa figura y reglamentación, durante los primeros años de ejercicio, con este impuesto se logró financiar la construcción de diversas obras de infraestructura y edificación a lo largo del territorio. Y en octubre de 2015 (dato del Código Financiero) se aumentó a 3%, no obstante que a nivel nacional, Baja California y otros estados han cobrado más, siempre en un rango que no ha rebasado el 5%.
Entre las obras financiadas por el Fideicomiso destacan: Circuito Presidentes, Carpeta de concreto sobre avenida Lázaro Cárdenas, Acuaférico Sur y Hospital de Cancerología en Xalapa, Hospital Regional de Coatzacoalcos, Hospital Valentín Gómez Farías en Papantla, Planta de Tratamiento Playa Norte, Distribuidor Entronque Aeropuerto, Distribuidor Cabeza Olmeca y Hospital Regional de Veracruz, Saneamiento y Rescate del Río Orizaba, Saneamiento del Río San Antonio en Córdoba, el Malecón de Minatitlán, el Puente Tempoal y Sistemas de Riego en 9 municipios, además de la creación del Fondo Firme para financiar a la micro, pequeña y mediana empresa.
Pero el fideicomiso fue liquidado en 2016, con la inconformidad de la sociedad y del sector empresarial que insistía en que esos recursos deben ser estrictamente para obra pública generadora de empleo.
Desde la desaparición del Fideicomiso, lo que la población identificó como Impuesto sobre Nóminas, pasó a administrarse directamente por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con la denominación de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, apoyándose en las disposiciones reglamentarias que establece el Código Financiero de Veracruz.
La nueva manera de distribuir esos fondos, significa que en petit comité desde el gobierno, se decide y resuelve, con el tratamiento de “recurso estatal”, de libre disposición, y sólo fiscalizado por el ORFIS.
En este momento, salvo el gasto corriente (gasto operativo), resulta procedente todo tipo de erogaciones para inversión en infraestructura, prevención del delito, patrimonio cultural, justicia laboral y apoyos para desarrollo social. Con el esquema actual la sociedad no tiene manera de conocer la planeación o cómo se gasta este cuantioso recurso propiedad de los veracruzanos.
Para este año se hizo la proyección de ingresos de este impuesto por un total de 5,475 millones de pesos. Y aquí lo preocupante es que la transparencia institucional parece ser inalcanzable, con la discrecionalidad que exijan los asuntos de palacio, con poca supervisión técnica y con escasa o nula fiscalización.
Esta oscuridad en el gasto, mueve a pensar que es urgente esclarecer la historia completa del Impuesto sobre Nóminas, en su primera etapa y en esta, previendo los claroscuros de este impuesto, circunstancia donde puede estar asomando sus orejas y dientes algún avivado conejo.
Ojalá y que de la chistera de la conferencia semanal de la gobernadora Rocío Nahle, saliera la información real de las obras y acciones, de los proyectos ejecutivos y autorizaciones legales, del origen de los fondos, del destino de recursos presupuestales, de los procesos licitatorios, de los dictámenes de auditoría, de los pormenores de la Cuenta Pública y de la transparencia que establece la Ley.
