Conforme el azul yunista fue perdiendo intensidad en el cielo jarocho, le comenzaron a salir las omisiones, errores, corruptelas y distracciones a Fernando Yunes Márquez, el presidente municipal de Veracruz. Una de las irregularidades que está en vías de explotar, es el caso de aquella famosa avenida costera que la familia del estero decidió repavimentar “y modernizar”, desoyendo la crítica ciudadana que impulsaba en el puerto otras obras con contenido y alcance social.
La Auditoría Superior de la Federación ha dado las primeras señales y no extrañaría que pronto sacaran a relucir las componendas y sobreprecios de esa obra, supuestamente acordados entre el alcalde, el exsecretario de obras Julen Rementería y una poderosa constructora.
Pero lo que vino a descomponerle la maquillada fachada a Yunes Márquez, fue la cimbrante noticia que acaba de dar a conocer Televisión Azteca en su noticiero estelar: la tremenda corrupción e irregularidades en torno al contrato para instalar 44 mil luminarias y concesionar el alumbrado público de la ciudad, información apoyada en una escrupulosa auditoría de legalidad realizada por el ORFIS a cargo de Lorenzo Antonio Portilla, cuando aún era gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
La televisora informó que los jarochos del puerto tendrán que pagar anualmente 140 millones de pesos durante un periodo de 15 años, más los 621 millones que dieron como partida inicial, para hacer un total de 2,865 millones de pesos, comprometiendo las participaciones federales que recibirá el ayuntamiento hasta el año 2033. Sin duda, una buena quemada carnavalesca.
Fue una licitación a modo, realizada en los tiempos del alcalde Ramón Poo Gil, para un consorcio formado expresamente para este fin, siendo el único grupo empresarial que se presentó a la convocatoria, haciéndolo de manera exprés y violando la Ley. Además de ello, se detectó que Ramón Guillermo Lara Rodríguez, el representante legal de dicho consorcio, fue nombrado poco después como Director de Servicios Públicos del municipio de Veracruz.
Pero este asunto de las irregularidades y atropellos a la Ley, no es el único en relación al alumbrado público y a autoridades municipales que se convierten en negociantes de la administración pública. Varios alcaldes han tramitado autorizaciones de la Legislatura del Estado para gestionar empréstitos y concesionar el alumbrado público en sus territorios, como sucedió en la gestión de Alberto Silva Ramos, exalcalde de Tuxpan, caso desvelado por Palabras Claras en el editorial publicado el 21 de octubre de 2016 con el título ALBERTO SILVA: EL HOMBRE DEL BLUFF, cuando se señaló lo siguiente:
“Con un costo alto como él lo ameritaba, (Alberto Silva) se hizo de la silla municipal de Tuxpan, donde los fondos estatales que le mandó su compadre el gobernador Duarte, casi convirtieron a esa ciudad en la hermana envidiada de Monterrey, o de Guadalajara, en la que, por cierto, encontró a unos empresarios familiares de un director chiva de futbol, para modernizar el alumbrado público de la urbe huasteca.”
“Gracias a esa prioritaria necesidad, Tuxpan pudo inscribirse en la lista de los municipios más endeudados del país. Su elegante firma signó los contratos para una cómoda deuda de tan sólo 30 años y 328 millones de pesos en su feliz gestión, que abandonó para ir a salvar la SEDESOL estatal. Desde luego, unas semanas antes de irse, liquidó los trabajos de la empresa que modernizó a los ahora alumbrados y agradecidos tuxpeños.”
A Alberto Silva -ahora renombrado morenista junto a Manuel Velasco, el exgobernador chiapaneco- ya lo benefician los generosos tiempos de la cuarta transformación, los que le han perdonado sus pecadillos duartistas.
Veremos si a Fernando Yunes le alcanza la cobija de las concertacesiones panistas para seguir nadando a gusto en el azul océano del golfo. Ayer mismo, en forma soberbia desestimo las acusaciones y optó por la salida fácil al desacreditar al emisario con estas palabras: “¡TV Azteca ya casi no la ve nadie!”
El reportaje de la televisora corresponde a la cuenta publica de 2017, tiempo en que Yunes Márquez no era el edil mayor del Puerto de Veracruz. ¿Acaso pues, este tema también lo embarra a él? Ya veremos cuál será el balance de su administración sin la protección del Rey azul.
Aclaración no pedida, acusación manifiesta.
