El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha enjuiciado a un buen número de excolaboradores de Javier Duarte que abusaron de sus cargos en esa corrupta gestión. Y conforme se aproxima la elección del primero de julio, aumentan las posibilidades de que incrementen los escándalos por detención de más personajes vinculados al cordobés preso en el Reclusorio Norte.
El domingo anterior, el día cerró con la noticia de que Luis Ángel Bravo, el primer fiscal nombrado en Veracruz, había sido apresado en la ciudad de México y trasladado a Xalapa, concretamente al reclusorio de Pacho.
Pero en la ruleta de aprehensiones que pueden darse en estas semanas, son muchos los que se sienten en serio peligro de caer en la cárcel. En las diferentes dependencias se dice que las investigaciones ministeriales y las auditorías especiales no se han detenido en torno a un buen número de exfuncionarios de ese régimen.
En ese tipo de problemas pudieran estar involucradas áreas ubicadas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre ellas Comunicación social, SEV, SIOP, SEFIPLAN y SEDESOL. En los pasillos de esas instancias burocráticas, pareciera que están merodeando fantasmas y duendes que pertenecen a algún eje del mal que exige nuevos sacrificios.
En Sedesol se visualizan tiempos de peligro para ciertos personajes que por allí medraron. Algunos empleados y excolaboradores de la Unidad Administrativa, vinculados a Víctor Rodríguez, Humberto Benítez y Adolfo Murrieta—exdirectores de esa área—están sufriendo momentos de extremo nerviosismo, debido a cuantiosos fondos que no fueron erogados ni comprobados con apego a la ley y que ahora otras instancias fiscalizadoras reclaman.
En esa secretaría se dieron numerosos casos de contratación de empresas fantasma e irregular utilización de apoyos sociales como cementos y láminas de zinc que terminaron en instalaciones urbanas y ranchos ganaderos de líderes políticos e infieles colaboradores. En Misantla hay uno de esos ranchos bien equipados y con bodega monumental, que la población relaciona con un exservidor de montuno apellido, que llegó a Xalapa desde el sur del estado.
El caso de Humberto Benítez tiene características especiales, ya que el contador público llegó a la Unidad Administrativa cuando era secretario Alberto Silva Ramos, después de dejar la alcaldía de Tuxpan, donde la población cuestionó determinadas obras de alumbrado público que tuvieron un costo elevado que se pagó con enorme financiamiento bancario.
Después, ambos amigos se marcharon a la Coordinación General de Comunicación Social, oficina donde las auditorías que se han publicitado, mostraron que hicieron pagos millonarios a empresas y medios de comunicación que más que informar, cobraban por mejorar la imagen política de Javier Duarte.
A menos de quince días de la elección, el gobierno del cambio azul apura revisiones y procesos para llevar a juicio a la mayor cantidad de gente corrupta. Después del Fiscal Bravo, pudieran llegar estratégicas detenciones que mejoren las posibilidades electorales del candidato del PAN a gobernador, el licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez.
Pero no debe olvidarse que el gobernador actual concluye su gestión hasta el 30 de noviembre a la media noche. El poder que ejercerá Yunes Linares hasta el último minuto de ese día, lleva a pensar que no deben descartarse otras anheladas aprehensiones de personalidades que para ese entonces ya no tendrán fuero constitucional que los proteja. Entre otras las de Alberto Silva, Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Erick Lagos, Jorge Carvallo, Nohemí Guzmán, Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez, entre muchos más.
